El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) no solo lideró a título personal el cobro de una bonificación de G. 21 millones mensuales por “responsabilidad en el cargo”, sino que, como administrador del gasto, autorizó que las instituciones bajo su mando dispararan las erogaciones del rubro 133 “Bonificaciones”. Según registros oficiales, el Poder Legislativo ejecutó en 2025 unos G. 67.091 millones en sobresueldos, lo que representa un salto de G. 19.128 millones (aproximadamente US$ 3 millones) con respecto al ejercicio 2024.
Esta escalada de gasto institucional fue el marco que permitió a Núñez percibir casi G. 254 millones extra entre marzo de 2025 y febrero de este año. Solo cuando el escándalo tomó estado público, el legislador colorado cartista anunció una “renuncia” al millonario beneficio, intentando desmarcarse de un esquema de privilegios que él mismo impulsó desde la presidencia del Congreso.
La desproporción es evidente al comparar una muestra de siete instituciones clave del Estado. De un aumento global de G. 20.567 millones en el rubro 133 “Bonificaciones” detectado en estas instituciones, el Congreso y el Senado absorbieron el 93% de los recursos adicionales.
Solo la Cámara de Senadores, presidida por Núñez, pasó de gastar G. 25.164 millones en bonificaciones en 2024 a ejecutar G. 39.704 millones en 2025. Se trata de una diferencia de G. 14.540 millones en apenas 12 meses.
Por su parte, el Congreso Nacional -también bajo administración de Núñez- saltó de G. 11.701 millones a G. 15.140 millones. Esta cifra incluso podría ser mayor considerando que en el portal web de la Cámara Alta no hicieron pública la planilla correspondiente al mes de abril del año pasado.
En tercer lugar aparece la Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, cartista), que incrementó el rubro 133 “Bonificaciones” de G. 11.098 millones a G. 12.247 millones, entre los años 2024 y 2025.
Si bien Latorre no figura cobrando personalmente la bonificación por “responsabilidad”, como ordenador de gastos consintió el reparto de mayores beneficios para la estructura bajo su mando, manteniendo además una persistente opacidad al no publicar las planillas de ejecución presupuestaria de los meses de diciembre de 2024 y de 2025 en la página web de la Cámara Baja.
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Bonificaciones en el Poder Ejecutivo
En el Poder Ejecutivo, aunque las cifras son menores, el esquema de aumentos “disfrazados” se replicó bajo el mismo concepto de “responsabilidad en el cargo”. Ministros como Juan Carlos Baruja (Urbanismo, Vivienda y Hábitat), Enrique Riera (Interior), Alicia Pomata (Mujer) y Óscar González (Defensa) pasaron de percibir G. 24 millones a más de G. 32 millones mensuales en los últimos 12 meses.
Estos aumentos, que promedian los G. 6,5 millones por ministro, son mucho menores a los G. 21 millones que se autoasignó el titular del Congreso, confirmando una jerarquía de privilegios salariales encabezada por Núñez y puesta en marcha en el gobierno de Santiago Peña.
Este festín de recursos públicos choca con la Ley 5189/2014, que obliga a la transparencia total en las remuneraciones de los servidores públicos. Sin embargo, organismos como el Mitic, a cargo de Gustavo Villate, y la Cancillería, de Rubén Ramírez Lezcano, han optado por el ocultamiento, publicando datos desactualizados o incompletos sobre los rubros específicos.
El caso más grave de desacato legal se da en el Ministerio de Desarrollo Social, donde Tadeo Rojas bloqueó directamente el acceso a los informes anteriores a 2025, consolidando un manto de dudas sobre el destino final de los recursos públicos.
Una selecta nómina de beneficiados con “bonificaciones”
La lista selecta de altas autoridades que logró, a partir de enero de 2025, inflar sus remuneraciones mensuales con el pago de bonificaciones por “responsabilidad”, incluye igualmente a los ministros Luis Ramírez (Educación), Claudia Centurión (Obras Públicas), Carlos Fernández Valdovinos (Economía), María Teresa Barán (Salud Pública), Rodrigo Nicora (Justicia), Carlos Giménez (Agricultura); Mónica Recalde (Trabajo), Rolando de Barros (Ambiente) y Walter Gutiérrez (Niñez). Todos pasaron de cobrar G. 24 millones a más de G. 32 millones en forma mensual, usando el rubro que hasta 2024 no figuraba en las respectivas planillas.
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Otros privilegiados fueron: Agustín Encina (director de Contrataciones Públicas), Roberto Moreno (ministro-asesor jurídico de Peña), César Ramírez (ministro-secretario de Deportes); Liliana Alcaraz (Seprelad), Angie Duarte (Senatur), Adriana Ortiz (Cultura), Jorge “Turi” Capello (secretario privado de Peña) y Marco Alcaraz (Inteligencia).