La evidencia documental es irrefutable: el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, lideró su propia asignación de millonarios sobresueldos por encima de lo que permite la ley. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, el legislador percibió casi G. 300 millones bajo el rubro de “bonificaciones por responsabilidad”. Sin embargo, el marco legal vigente solo le permitía cobrar la mitad de esa suma.
El argumento de Núñez para retener los fondos es que, como “ordenador de gastos”, tiene derecho a un bono extra del 50% de su remuneración (unos G. 21 millones mensuales). No obstante, para sostener esta postura, el senador realiza una lectura solamente parcial del Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, aprobado mediante la ley N° 7609/2025.
Prueba del cobro irregular
El Art. 131 de la citada normativa establece un límite taxativo para los que perciben ingresos altos por parte del Estado. La ley es demasiado clara: aquellos cargos con una remuneración igual o superior a la de un ministro del Poder Ejecutivo tiene un tope de bonificación de solo el 25%.
Lea más: “¿Por qué debería devolver?”: así justificó Bachi cobro de millonarias bonificaciones
La simple comparación aritmética deja al senador cartista sin margen de defensa. Bachi Núñez tiene un ingreso de G. 42.201.900 (G. 32.606.840 de dieta más G. 9.595.060 de gastos de representación), mientras que un ministro G. 26.093.655 (G. 22 millones de salario más G. 4.093.655 de gastos de representación).
Al ganar casi G. 16 millones más que un ministro, Núñez entra automáticamente en la restricción del 25%. Al adjudicarse el 50%, el titular del Poder Legislativo ignoró deliberadamente el párrafo de “incompatibilidad” de la ley para duplicar sus ingresos extra.
La cortina de humo de Bachi
Lejos de anunciar la restitución del dinero público cobrado de más, Bachi Núñez reaccionó ayer otra vez con agresividad y evasivas.
Intentó condicionar su integridad a litigios del sector privado: “Si ABC Banco Atlas devuelve el dinero de la Conmebol, yo devuelvo”, disparó, buscando desviar el foco de su responsabilidad administrativa hacia una causa que la propia defensa ya la calificó en reiteradas ocasiones como una operación “montada” contra el Grupo ABC.
Ante la consulta técnica de este diario sobre el incumplimiento de los topes del PGN, el legislador pasó al desafío abierto: “Que me denuncien entonces”.
Lea más: Bachi embolsó más de G. 100 millones en un solo mes gracias a bonificaciones
Como último recurso, Núñez intentó un “empate” histórico al reflotar el caso de la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), quien fue cuestionada por este mismo diario por cobros similares hace más de una década. Con esto, el cartista confirma su estrategia: no desmentir la irregularidad, sino intentar diluirla en el ruido político.
Lo único que Núñez ha hecho hasta ahora fue anunciar su “renuncia” al cobro del bono extra de G. 21 millones para los próximos meses. Sin embargo, esta decisión no nació de un respeto de la ley, sino fue adoptada después de que se evidenciara ante la opinión pública que él mismo encabezaba el derroche en bonificaciones.
Pagamos lo “risible”
Mientras califica de “risible” las denuncias periodísticas, el senador Basilio “Bachi” Núñez evita explicar cómo una estructura de funcionarios públicos –pagada con dinero de los contribuyentes– trabaja activamente en la campaña proselitista de su hija, Venus Núñez, precandidata a concejala en Villa Hayes. Lo que Núñez tilda de broma es, en realidad, un esquema de meteóricos aumentos salariales para su círculo de confianza.
Lea más: La hija de Bachi Núñez usa “tropa” estatal, mientras declara gasto irrisorio al TSJE
El legislador recurre a la agresividad cada vez que se le consulta por casos de “voluntarios” que vieron duplicar o triplicar sus ingresos en cuestión de meses: Raquel Malena Ramírez González, de G. 7 millones en el JEM pasó a percibir G. 12 millones en Diputados; Dalila Arce Contessi, de G. 5 millones trepó en cuestión de seis meses a G. 11,7 millones en el Senado; Arturo Rodríguez, de G. 3 millones subió a G. 13 millones, y Pedro Matto Bogado, que de G. 6,5 millones creció a G. 15,6 millones, ambos también en la Cámara Alta.