La iniciativa apunta a introducir un mecanismo financiero que permita a proveedores del Estado cobrar más rápido a través del sistema financiero, mientras el Estado difiere el pago en el tiempo.
El proyecto fue impulsado por las senadoras Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (PCN) y Blanca Ovelar (ANR, disidente) y los senadores Rafael Filizzola (PDP) y José Oviedo (Yo Creo).
La propuesta habilita la cesión de derechos de cobro, una herramienta mediante la cual las empresas proveedoras pueden transferir sus facturas pendientes a bancos u otras entidades, obteniendo liquidez inmediata.
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De esta forma, los proveedores dejan de esperar meses -o incluso años- para cobrar, mientras que el Estado asume el compromiso de pago en un plazo posterior.
Sin embargo, la ley establece condiciones estrictas:
- Cada operación deberá contar con autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas
- Solo podrán incluirse deudas con vencimiento menor a tres años
- Las operaciones deberán ajustarse a reglas del mercado financiero
- No se incluyen gastos en servicios personales
Qué deudas de Salud podrán incluirse
Uno de los puntos centrales del proyecto es que amplía el alcance de las deudas que pueden ser incluidas en este mecanismo dentro del Ministerio de Salud Pública.
Actualmente, la normativa limita esta posibilidad principalmente a medicamentos. Con el cambio propuesto, también se podrán incluir obligaciones vinculadas a:
- Mantenimiento de equipos biomédicos
- Infraestructura hospitalaria
- Servicios de limpieza
- Diálisis
- Diagnóstico por imágenes
- Terapias
- Alimentación de pacientes
- Seguridad y vigilancia
- Otros servicios tercerizados esenciales
Buscan evitar colapso de servicios
En la exposición de motivos, los legisladores advierten que el Ministerio de Salud arrastra deudas acumuladas con proveedores estratégicos, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios básicos.
Señalan que la falta de pagos oportunos ha afectado la provisión de insumos, el mantenimiento de equipos y el funcionamiento general de hospitales públicos.
En ese contexto, sostienen que esta herramienta permitiría sostener operativamente el sistema sanitario sin necesidad de aumentar el gasto público.
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Uno de los argumentos centrales del proyecto es que la medida no implica un incremento del presupuesto estatal, sino una mejora en la gestión de pasivos ya existentes.
Según los impulsores, el mecanismo permitiría fortalecer la cadena de pagos, reducir riesgos de interrupción de servicios y mejorar la relación del Estado con el sector privado.
También destacan que la intervención obligatoria del Ministerio de Economía funcionará como un filtro de control fiscal.
Las deudas con las vialeras y las farmacéuticas
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, había informado que la deuda con las contratistas ronda los US$ 268 millones, unos US$ 92 millones menos que lo reclamado por los gremios.
Mientras que la deuda del Estado con proveedores del Ministerio de Salud Pública asciende a unos US$ 1.027 millones al corte de marzo, según la vocera del sector importador farmacéutico, Rocío Figueroa.