Los fiscales Francisco Manuel Cabrera Sanabria, María Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi –subordinados al ya bautizado como el más funesto fiscal general de la historia, Emiliano Rolón Fernández– estamparon su firma en un documento que delata, desde su arranque, una aberración técnica imperdonable. En el párrafo cuarto de la página tres del mamotreto, los representantes del Ministerio Público afirman con asombrosa soltura: “En virtud de estos contratos, fue transferida la propiedad de los patrimonios autónomos al Fiduciario” (sic).
Esta afirmación no solo es falsa, sino que despoja a los fiscales de cualquier indicio de preparación académica. El escrito evidencia un brutal analfabetismo legal o, peor aún, una sumisión absoluta a las órdenes de Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presidida por Alejandro Domínguez.
Con este atropello institucional consentido, Domínguez busca culminar su cruzada de venganza contra ABC Color por las revelaciones del escándalo FIFAgate y los turbios negocios de su hijo Alejandro Domínguez Pérez con la petrolera estatal Petropar (fiasco conocido como combustible catarí), para lo cual ha reclutado a personeros del cartismo con el fin de perseguir al grupo empresarial a cargo de este diario.
Las leyes y los documentos son lapidarios evidenciando que la acusación nace muerta, destruida por su propia falsedad ideológica.
Una mentira alevosa: El “recorte” de la ley
Para forzar la narrativa de un supuesto lavado de dinero, los fiscales Cabrera, Valdez y Arce recurrieron a una maniobra que raya lo delictivo porque transcribieron el Art. 1 de la Ley Nº 921/96 “De negocios fiduciarios”, pero en varios pasajes borraron deliberadamente una palabra clave para engañar al juzgado. Este verdadero engendro jurídico se presenta con 128 páginas que naufragan al no poder sostenerse de manera documental ni objetiva.
En el escrito oficial, la Fiscalía busca confundir en diferentes párrafos, aparentemente de manera dolosa, que la ley solo dispone que se “transfiere la propiedad del patrimonio autónomo al fiduciario”. Sin embargo, el texto real de la legislación establece que el fiduciante entrega bienes al fiduciario, “transfiriéndole o NO la propiedad de los mismos”. Los fiscales extirparon el “NO” de la ley en varios párrafos para fabricar un escenario inexistente. Esta mutilación de la normativa es la prueba de cargo de un avasallamiento sin precedentes. En los contratos de fideicomiso del caso Leoz, Banco Atlas nunca recibió la transferencia de propiedad.
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Los documentos son demoledores porque el propio Nicolás Leoz, en el acuerdo, cita la propiedad de los bienes a sus herederos. La Fiscalía, por tanto, no erró; la Fiscalía mintió de manera grosera.
La contundencia del engaño se ratifica en la cláusula quinta del contrato de fideicomiso, que señala textualmente: “Los bienes constituirán un Patrimonio Autónomo separado y diferente del propio FIDUCIARIO (Banco Atlas)...”. Los fiscales montaron una ficción criminal basándose en hechos falsos y sesgados.
Falsedad temeraria
No conformes con su analfabetismo funcional, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce tuvieron el atrevimiento de consignar en el mamotreto que la finalidad de estos contratos era “blindar” los fondos de Leoz ante posibles secuestros o comisos.
Esta es otra falsedad que no resiste el análisis de un estudiante de primer año de Derecho.
La cláusula octava del contrato establece, de manera taxativa, que el objetivo del fideicomiso era pagar gastos de salud y judiciales, incluyendo explícitamente medidas cautelares y comisos que, por cierto, la Fiscalía nunca planteó mientras Leoz vivía.
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Lo que la Fiscalía presenta como una “estructura de lavado” es, en realidad, un contrato legal transparente que los fiscales han decidido criminalizar para satisfacer el hambre de venganza de Alejandro Domínguez y sus aliados en el poder. Esta situación desnuda la peligrosa inseguridad jurídica existente en nuestro país para cualquier interesado en realizar inversiones, dejando claro que, bajo este esquema, la ley es apenas un accesorio del poder de turno, que no duda en recurrir a un sicariato fiscal.
Acuerdos incumplidos con la familia Leoz
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, firmó cuatro acuerdos con los herederos de la familia Leoz a través de los cuales desiste “en forma irrevocable” de cualquier acción civil, penal, administrativa o de cualquier naturaleza contra la sucesión de su extinto extitular, a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares en total. Incluso, para la firma de uno de los documentos entregó un escrito de desistimiento de la primera denuncia de la Conmebol ante la Fiscalía, presentada en 2017 y en la cual coincidentemente el nombre de Domínguez aparecía en la auditoría forense, tras el escándalo del FIFAgate.
Lo cierto es que la Fiscalía, además de los directivos del Banco Atlas: Miguel Ángel Zaldívar, Jorge Vera, Celio Tunoli, Eleno Martínez, Eduardo Queiroz, como supuestos coautores, y José Miguel Páez, supuesto cómplice, incluyó a la viuda e hijas de Nicolás Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz (supuesta autora), y María Celeste Leoz y Nora Cecilia Leoz (presuntas coautoras), respectivamente.
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El acuerdo de la Conmebol firmado el 3 de abril y 31 de agosto de 2020 decía que el organismo “nada tenía que reclamar” y renunciaba expresamente a “cualquier acción civil, penal o de cualquier naturaleza” por cualquier daño “pasado, presente o futuro” realizado o atribuido a Nicolás Leoz, o que se relacionare “directa o indirectamente” con sus herederos y con la sucesión del extinto expresidente de la Conmebol. Los fiscales en su escrito ahora piden juicio oral y público.