El pasado 13 de mayo, la Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público su informe sobre el examen de correspondencia realizado a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña luego de que este fuera denunciado por parlamentarios opositores que hablaban de supuesto enriquecimiento ilícito.
Según se divulgó ayer, lunes, los analistas de la Contraloría hallaron correspondencia entre el crecimiento patrimonial declarado por el presidente Peña y los documentos e informes de instituciones públicas y privadas que el ente contralor tuvo en cuenta para la realización del examen.
En comunicación con ABC Cardinal este martes, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, explicó que el examen de correspondencia comenzó en septiembre de 2025, luego de que el presidente Peña hiciera una “actualización” de la declaración jurada que presentó en 2023, cuando asumió la presidencia de la República.
Denuncias y sospechas sobre Peña
Esa actualización se produjo luego de que trascendieran casos que sembraron dudas en la opinión pública sobre las finanzas del Presidente, entre ellos la construcción de una lujosa mansión en la ciudad de San Bernardino y una denuncia realizada por una exfuncionaria de Mburuvicha Róga, quien dijo que sobres con miles de dólares en efectivo solían pasar por la residencia presidencial.
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La denuncia presentada ante el Ministerio Público por los legisladores opositores alegaba que unos 10.000 millones de guaraníes del patrimonio del Presidente no tenían justificación.
En enero de este año, la Fiscalía solicitó a la Contraloría que le remita el examen una vez que este concluya, pedido al que el ente contralor respondió el pasado 13 de mayo.
Evolución patrimonial “sustentable”
Torres explicó que el examen de correspondencia analizó cinco declaraciones juradas del presidente Peña presentadas en dos periodos, el primero de los cuales transcurrió entre 2014 y 2017, cuando Peña fue primero director del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).
La Contraloría no constató un “crecimiento patrimonial importante” en ese periodo y la evolución patrimonial de Peña durante ese plazo de tiempo es “sustentable” y tiene correspondencia, dijo Torres.
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Entre 2018 y 2023, Peña estuvo fuera de la función pública y durante ese periodo sí se registró un “incremento patrimonial significativo”, de unos 21.000 millones de guaraníes.
“Verificamos que la mayoría de ese crecimiento se encontraba alojado en el sistema financiero formal y suponemos que el sistema financiero ya realizó la debida diligencia, la verificación del origen del dinero, porque (las entidades financieras) son sujetos obligados (ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero)”, agregó.
Torres añadió que se realizó un análisis “mensual” de flujo de caja, de ingresos, gastos e inversiones del presidente Peña desde agosto de 2023, cuando asumió la Presidencia, hasta septiembre de 2025, cuando fue actualizada su declaración jurada.
“Accedimos a registros de compras y ventas que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) remitió, eso se cruzó con las cuentas bancarias, se verificaron las ganancias, los rendimientos de capital del Presidente”, explicó.
La mansión en San Bernardino
La Contraloría, según comentó Torres, también analizó la construcción de la mansión en San Bernardino y cómo fue pagada.
Torres recordó que el presidente Peña manifestó haber realizado un primer pago de 300.000 dólares -de un total de 900.000 dólares- a la empresa constructora en mayo de 2024 con un préstamo de una entidad financiera y dijo que los fondos para el segundo pago -también de 300.000 dólares, hecho en abril de 2025- provinieron de un rescate de acciones que el mandatario tenía en el grupo empresarial ueno Holding.
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La “coherencia” de esos pagos fue verificada con registros de transferencias bancarias, dijo Torres.
La Contraloría concluyó que el crecimiento patrimonial del presidente Peña durante el periodo 2023-2025 es “sustentable”, subrayó el funcionario.
Omisiones y actualizaciones
Al consultársele sobre la actualización de la declaración jurada del Presidente y si la admisión de que elementos fueron omitidos podría configurar declaración falsa, Torres dijo que “en todos los casos aceptamos las documentaciones aclaratorias”.
Agregó que en todos los casos en que el declarante manifiesta omisiones o la propia Contraloría las detecta, los datos son remitidos a la Fiscalía.
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Torres mencionó dos omisiones específicas en las declaraciones de Peña: acciones de la empresa privada Corpus S.A. que no incluyó en sus declaraciones juradas de 2014 a 2017, enajenadas antes de que Peña asumiera la Presidencia, y una cuenta bancaria en dólares que fue declarada como cuenta en guaraníes.
El representante de la Contraloría argumentó que “si se omite un bien, pero este se encuentra justificado con los ingresos o inversiones, no sé por qué un funcionario ocultaría”.
“No consideramos de ninguna manera un blanqueo”
Finalmente, Torres negó que la conclusión del informe de Contraloría sea un “blanqueo” al Presidente.
“Es un análisis totalmente documentado, el informe está respaldado con documentaciones de instituciones públicas y privadas, no consideramos de ninguna manera un blanqueo”, dijo. “Para nosotros está justificado el crecimiento patrimonial que tuvo el Presidente, por lo menos el documental”, concluyó.