Tanto la diputada Johanna Ortega, como la senadora Esperanza Martínez, coinciden en que la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito debido a un incremento patrimonial del 1.600% del presidente Santiago Peña, permaneció bajo un “cajoneo encubierto” en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, y criticaron la falta de transparencia del sistema de justicia.
Ortega señaló que, desde la presentación de la denuncia el año pasado, los legisladores denunciantes y sus abogados patrocinantes fueron completamente marginados del proceso.
“Nosotros no fuimos informados desde la presentación de la denuncia en ningún momento respecto a qué fiscal está a cargo de la carpeta. Es un cajoneo encubierto”, afirmó.
La diputada explicó que la sospecha inicial se basó en un desfasaje de más de 4.000 millones de guaraníes, reflejado en las propias declaraciones juradas de Peña. El crecimiento desmedido se habría registrado en el periodo de transición entre su salida como ministro de Hacienda, su paso por el sector privado como profesional independiente y su retorno al sector público como presidente.
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“Llegando a la mitad del periodo hay que arreglar las cosas”
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez fue tajante al señalar que el sistema judicial paraguayo se encuentra “inficionado por el poder político, por los narcos y por los poderosos”. Para Martínez, el momento en el que aparece este informe de la Contraloría es sumamente sospechoso.
Al ser consultada sobre si el avance busca limpiar la imagen del Ejecutivo, la senadora respondió de manera directa:
“Así es. Y ahora pues ya estamos llegando en la mitad del periodo. Entonces ahora ya hay que arreglar todas las cosas para que pueda salir por la puerta grande. ¿Temen a un blanqueamiento? Pero claro que sí, ¿o ustedes tienen dudas de eso?”.
Martínez recordó los indicios que motivaron la denuncia penal. Entre los cuestionamientos, enumeró la compra de una mansión multimillonaria en San Bernardino con dudas sobre su legalidad, el uso de helicópteros privados, el confuso episodio de sobres con dinero extraviados en su residencia y la presunta omisión de sus acciones en ueno Bank.
“El presidente de la República no solamente tiene que parecer, tiene que ser honesto y transparente en su propio patrimonio”, concluyó Martínez, defendiendo la denuncia como un “ejercicio democrático” necesario para frenar la impunidad y el arreglo político en el país.