El diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) denunció que hace dos semanas -incluso antes de que saliera el dictamen de “blanqueamiento” al presidente de la república Santiago Peña- viene solicitando convocar al contralor Camilo Benítez Aldana (ANR) ante la comisión; sin embargo, el presidente de la comisión, el cartista César Cerini, se hace hasta ahora el “ñembotavy”.
Más allá de este caso, el legislador lamentó que en la Comisión de Cuentas y Control, que tiene supuestamente el rol de finalizar el uso de fondos estatales y que es el nexo legislativo con la Contraloría General de la República (CGR), sea difícil cumplir ese rol de control al estar manejada por el cartismo.
Vaesken recordó que hace dos semanas habían solicitado citar al contralor para que responda por un caso vinculado al liberal, intendente de J. Augusto Saldivar, Diego Alonso, y si bien tienen promesas de una convocatoria, aún no hay fecha.
“Tuve que forzar (en la comisión) que se trate una nota que presenté la semana pasada para convocar al Contralor”, ya que ni siquiera fue incluido en el orden del día de la comisión, comentó el diputado opositor, que acotó que tras la presión, Cerini dijo que supuestamente consideraría el pedido para las próximas semanas.
Hasta ahora, no hay confirmación de dicha convocatoria a los miembros de la comisión, y Cerini tampoco respondió a ABC al ser consultado al respecto.
“Queremos saber por qué el Contralor habilitó royalties a la municipalidad de J. Augusto Saldívar en contravención a lo que establece su Carta Orgánica y la ley que prohíbe restablecer los royalties si a los concejales no se les paga su dieta, a los concejales que hacen oposición”, comentó Vaesken.
Con esto remarcó que el origen del pedido ni siquiera fue el reciente y cuestionado “examen de correspondencia” emitido por Contraloría en favor del presidente Santiago Peña, donde supuestamente avalan su dudosa fortuna, pese a no haber analizado su periodo fuera de la función pública.
Pendiente un pedido de informes
Por otra parte, en sesión ordinaria de este martes 2 de junio, Diputados deberá tratar el pedido de informes a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de correspondencia sobre la fortuna del presidente de la República, Santiago Peña, que habrá que ver si sortea la censura de la mayoría cartista.
El pedido de informes presentado por los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Johanna Ortega (Partido País Solidario) primeramente busca que los legisladores tengan acceso al informe completo del examen de correspondencia, así como la documentación respaldatoria.
Sobre todo, pretenden ahondar en los argumentos de la Contraloría para determinar que supuestamente hay correspondencia en la fortuna del mandatario sin evaluar el periodo fuera de la función pública (2017-2023), pese a que en otros casos como el del extitular del Petropar, Eddie Jara, si lo analizaron.
También buscan entender cómo es que avalaron la supuesta legalidad de la construcción de la mansión en San Bernardino (con valor declarado de US$ 900.000), pese a que la obra se terminó incluso sin que el mandatario tenga el título de propiedad a su nombre.
Para colmo, la Contraloría se dijo satisfecha con las explicaciones, pese a que la Municipalidad de San Bernardino ni siquiera respondió a los requerimientos de datos del ente contralor.