Diputados: piden informes al contralor por autorizar royalties a cuestionado intendente liberal

Diego Alonso, cuestionado intendente de J. Augusto Saldívar.
Diego Alonso, cuestionado intendente de J. Augusto Saldívar. gentileza

Diputados cuestionan accionar del contralor General de la República, Camilo Benítez, por autorizar la transferencia de royalties al intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso (PLRA) a pesar de las múltiples irregularidades administrativas denunciadas desde el 2023 por los concejales municipales.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) presentó un pedido formal ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja para que el contralor General Camilo Benítez explique por qué desbloqueó las cuentas municipales de J. Augusto Saldívar y autorizó la transferencia de recursos estatales, como los royalties y otras compensaciones, a pesar de los múltiples cuestionamientos a la administración del intendente Diego Alonso.

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“Camilo Benítez tiene que explicar por qué soltó los royalties a un intendente denunciado por corrupción y discriminación, violando su propia Carta Orgánica y la Ley 6784/21″, indicó el diputado liberal.

Un grupo de concejales liberales, colorados y febreristas pidió incluso el juicio político de Camilo Benítez, porque consideran que apaña la corrupción y acompaña el despilfarro de dinero público.

La Cámara de Diputados, en la sesión del martes último, aprobó un pedido de informes a instancias de varios parlamentarios opositores que recibieron la denuncia de los ediles.

Antecedentes

Grupo de seis personas en escaleras del Palacio Legislativo, tres hombres a la izquierda y uno en el centro sosteniendo un documento.
Concejales presentan un pedido de juicio político contra el contralor Camilo Benítez en la entrada de la Cámara de Diputados. En la foto, de izquierda a derecha: Derlis Espinola (PLRA), Alfredo Rojas (PLRA), Christian Domínguez (PRF), Marta Ferrari (ANR) y Juan Ferrari (ANR).

La administración de Diego Alonso es duramente cuestionada desde hace años debido a varios hechos de presunta corrupción.

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Los ediles presentaron varios pedidos de auditoría ante la Contraloría General de la República que tienen los siguientes números de expediente: Nº 3708/2023, Nº 8098/2024 y Nº 1613/2025 en donde denunciaban obras fantasmas de la municipalidad, la venta de una propiedad privada como municipal y la falta de pago de dietas y gastos de representación de varios concejales opositores desde el 2022.

La CGR, en el 2024, bloqueó la transferencia de los royalties al municipio tras constatar la denuncia de los concejales Alfredo Rojas (PLRA), Marta Ferrari (ANR), Cristian Domínguez (PRF) y Carlos Núñez, que no percibían sus dietas en represalia de parte del intendente por presentar la denuncia.

Sin embargo, la semana pasada llamativamente, la CGR desbloqueó la transferencia de los royalties al municipio, sin que este saldara toda la deuda que mantenía con los ediles. El intendente Alonso estaría recibiendo millones de recursos estatales a días de las elecciones internas municipales.

Los concejales denunciaron las presuntas obras fantasmas, del periodo 2022 y 2023 respectivamente. Una de ellas es por G. 2.500 millones en donde se debía reparar 35 km de caminos vecinales, y que según las verificaciones hechas por los concejales, las obras no fueron hechas.

También que se solicitó el financiamiento de la reparación de la avenida Toledo Cabañas, y que la comuna contrató un servicio por el valor de G. 1.000 millones. De este monto, solo se pagaron G. 400 millones para la reparación de algunas zonas, sin embargo los trabajos se realizaron de manera parcial, pero el pago fue total.

Otras denuncias hacen referencia a obras fantasmas del Club Santa Lucía, en donde se transfirieron G. 73 millones en el 2022 para perforar un pozo, pero en las inspecciones solo encontraron un pozo que data del 2015.

Además que, en la Escuela Santa Librada, en el 2022 se debía reparar por un valor de G. 52 millones, pero solo se pudo concretar la mitad de los trabajos, lo que habría ocasionado un presunto daño patrimonial de G. 25 millones.