Nakayama afirmó que la Corte Suprema de Justicia incurrió en un error al sostener que la Resolución 429 no estaba vigente al momento en que se impulsó el proceso de pérdida de investidura de Kattya González.
Resaltó que el fallo argumenta que la norma recién entró en vigencia tras la aprobación del acta de la sesión correspondiente. Sin embargo, sostuvo que la fecha relevante para los efectos jurídicos es la aprobación de la resolución por votación y no la ratificación posterior del acta.
“Es una cosa espantosa”, expresó al referirse a ese razonamiento. Asimismo, señaló que tanto el entonces presidente del Congreso como la Secretaría General habían reconocido en su momento que la resolución se encontraba vigente.
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Antecedentes legislativos
Para sostener su posición, Nakayama mencionó varios ejemplos de leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo antes de la aprobación formal de las actas respectivas.
Entre ellas citó la ley que creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, así como la ley Hambre Cero.
Según indicó, en la práctica legislativa paraguaya la vigencia de una norma se computa desde su aprobación, mientras que la aprobación posterior del acta constituye un trámite formal.
“El momento de la votación es la fecha cierta que se toma para todos los efectos legales”, afirmó.
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“Le resta certeza y seguridad jurídica a los actos jurídicos”
Nakayama sostuvo que el criterio adoptado por la mayoría de la Corte podría tener consecuencias más amplias sobre el sistema jurídico.
“Lo que hace es desestabilizar totalmente el sistema jurídico y le resta certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos jurídicos”, manifestó.
A su criterio, si se aplicara el mismo razonamiento a otros actos institucionales, podrían generarse cuestionamientos sobre decisiones adoptadas por órganos públicos e incluso entidades privadas.
Insistió en que se trata de una cuestión jurídica de fondo y no simplemente de una diferencia de interpretación política.
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Pide explicaciones al presidente de la Corte
El senador también dirigió cuestionamientos al presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, quien fue preopinante en la resolución.
Nakayama sostuvo que le gustaría que el magistrado explicara cómo se llegó a la conclusión de que la resolución no estaba vigente. “¿Cómo él va a fundamentar algo basado en una falacia?”, preguntó.
Asimismo, argumentó que un integrante del máximo tribunal está obligado a conocer principios básicos del derecho y del funcionamiento institucional.
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Corte analizó cuestiones que no fueron planteadas
Otro de los puntos cuestionados por el legislador fue que la Corte, según su interpretación, habría ingresado al análisis de la constitucionalidad del reglamento interno del Senado sin que ese aspecto formara parte del objeto de la acción.
“¿Quién denunció la inconstitucionalidad del reglamento? Nadie”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que los ministros no podían examinar esa cuestión dentro del expediente porque ningún accionante había promovido un planteamiento específico sobre la validez constitucional de la normativa.
Para Nakayama, el reglamento debía presumirse constitucional mientras no existiera una declaración judicial en contra.
El legislador señaló que durante la sesión de la Cámara Alta prevé profundizar el análisis de distintos aspectos del fallo emitido por la mayoría de la Corte Suprema.
En otro momento, Nakayama afirmó que la resolución generó preocupación incluso entre personas vinculadas al ámbito judicial.
Según relató, recibió mensajes de funcionarios y trabajadores del sistema de justicia que manifestaron desacuerdo con la decisión.
“Están destrozadas las instituciones”, cuestionó.