Mercedes Medina (ANR-HC), quien tras admitir que efectivizó millonarios cheques municipales logró la suspensión condicional del procedimiento en el marco del presunto daño patrimonial de G. 1.109 millones a la Municipalidad de Quyquyhó, ahora busca ser intendenta de dicho distrito de manos del Partido Colorado.
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La intendentable Medina presentó varios incidentes para evitar el juicio por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio; y como todos fueron rechazados por el juez Humberto Otazú no tuvo más opción que aceptar su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente privó a los quyquyhenses de G. 1.109 millones.
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La cartista se comprometió a devolver G. 10.500.000 en 24 cuotas a la Municipalidad de Quyquyhó.
Mientras que su pareja sentimental, el actual presidente de la Junta Municipal Carlos Bareiro (ANR-HC) también admitió su culpabilidad en los hechos que el Ministerio Público le acusa y se comprometió a entregar G. 100 millones como reparación social.
Candidatos a concejales
Damián Galarza, quien también admitió su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente desvió dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, ahora es candidato a concejal.
Galarza se comprometió a pagar G. 40 millones a la agrupación Médicos de la Promoción 83 y, además a entregar 24 cuotas de G. 500.000 al Hogar de Ancianos La Piedad como resarcimiento social.
A los tres cartistas, el juez Humberto Otazú le fijó varias medidas de conductas para otorgarles la suspensión condicional del procedimiento por dos años.
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Entre ellos, deben fijar residencia y comunicarlo al juez, comparecer cada mes ante el Juzgado, cumplir con la prohibición de salir del país y estar al día con el pago de cuotas.
Por otro lado, la intendenta renunciante, Patricia Corvalán, esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego irá a juicio oral y público junto con otros tres acusados.
Corvalán como ya no puede buscar su reelección en la Intendencia, ahora es candidata a concejal y en sus redes sociales argumenta que es víctima de “persecución judicial mediática”.
El Ministerio Público sostiene que durante el 2017-2018 se montó un esquema de corrupción para desviar millonarios recursos de los contribuyentes quyquyhenses que fueron destinados para la construcción de la vivienda de Esteban Samaniego, y su esposa Patricia Corvalán en el barrio San Vicente de Asunción.
En la causa también está vinculado el diputado Samaniego pero debido a que sus pares no lo desafueran no puede ser sometido a la justicia.