De G. 1.109 millones se estima que es del daño patrimonial por el que la intendenta renunciante de Quyquyhó, Patricia Corvalán está procesada en la causa por presunta lesión de confianza, junto a otras 13 personas.
Sin embargo, pese a que el presunto daño patrimonial data del 2017, cuando su esposo, el actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de intendente, su proceso no avanza porque sus colegas de la Cámara Baja no tratan sus cuatro pedidos de desafuero.
Hoy, tras la audiencia preliminar con el juez Humberto Otazú y varias chicanas, finalmente se resolvió elevar la causa a juicio oral y público, en el que finalmente quedaron procesados Patricia Corvalán, Manuel Olazar, Enrique Lovera y Andrés Arrúa.
Los otros diez procesados, incluida Blanca Álvarez, madre del diputado, obtuvieron la suspensión condicional del procedimiento, tras reconocer los hechos por los cuales son procesados y muchos de ellos argumentaron que solo cumplían órdenes del entonces intendente Samaniego. Propusieron devolver el presunto dinero y además una compensación económica para lograr una salida procesal, lo cual el juez deberá resolver.
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Retiro de tobilleras
El juez Humberto Otazú, ayer al finalizar la segunda jornada de audiencia, ordenó retirar las tobilleras electrónicas a la intendente cartista Patricia Corvalán y a la candidata a intendente colorada Ruh Mercedes Medina Yegros, aunque dispuso su arresto domiciliario.
También se retiraron las tobilleras a Andrés Alfredo Arrua Brítez, Manuel Olazar Duarte y al actual presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó Carlos Aurelio Bareiro Bogarín (ANR-HC), quien busca su reelección.
Olazar se desempeñó en la municipalidad como director de Finanzas, mientras que Lovera fue jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
Con la admisión de los hechos de los demás involucrados, complicaría aún más del exintendente y actual diputado Esteban Samaniego, conocido por un largo historial de violencia en el que sus víctimas van desde senadores, diputados, concejales municipales, líderes políticos y hasta una mujer que estaba trabajando como guardia de seguridad en el estadio Defensores del Chaco.
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Sin embargo, pese a que tiene procesos judiciales abiertos por violencia, sigue en total impunidad gracias al corporativismo de sus colegas, muchos de ellos incluso apañan su comportamiento violento durante las sesiones legislativas.
Quienes fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento son:
- Guido Ramón Vargas, exsecretario municipal
- Blanca Álvarez Vda. de Samaniego (madre del diputado)
- Ruth Mercedes Medina Yegros, actual precandidata a intendenta cartista.
- Damián de Jesús Galarza
- Christian Daniel Domínguez
- Carlos Aurelio Bareiro Bogarín
- Óscar Samuel Fanego Otazú
- Líder Catalino Ramírez
- Pedro Osvaldo Etienne Villanueva
- Benigno Villasboa Cáceres
- Otros procesados
- Esteban Samaniego (se aferra a sus fueros)
- Soledad Ramona Pereira Ayala (prófuga)
- Juan Fanego Otazú (sobreseimiento definitivo)
- Vilma Fanego Otazú (sobreseimiento definitivo)
- Justino Ayala (sobreseimiento definitivo)
- Julián Olmedo Brizuela (sobreseimiento definitivo)
- N.M.F.F, con extinción de la acción penal
- B.Y.C, con extinción de la acción penal.