Caso Esteban Samaniego: Intendenta argumenta persecución, mientras los coacusados admiten hechos

Esteban Samaniego sigue protegido por el cartismo y no trata sus pedidos de desafueros.
Esteban Samaniego sigue protegido por el cartismo y no trata sus pedidos de desafueros. Gentileza

Varios coacusados en la causa Esteban Samaniego/lesión de confianza admitieron ante el juez Humberto Otazú los hechos que se les atribuyen y ofrecen reparaciones económicas para lograr una salida procesal. Mientras la intendenta renunciante de Quyquyhó, Patricia Corvalán presentó un incidente de nulidad y asegura que es víctima de una “persecución judicial mediática”.

La audiencia preliminar de la causa por un presunto desvío de G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó cuando el actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) fungía de intendente en el 2015, continuó hoy, en donde varios coacusados admitieron su participación en los hechos y algunos incluso aseguraron que solo obedecían órdenes del entonces jefe comunal.

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En la causa, está acusada por lesión de confianza la renunciante intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado Samaniego, quien asegura que es víctima de una “persecución judicial mediática”. Incluso su abogado defensor, Rodrigo Yódice planteó un incidente de excepción de inconstitucionalidad en la audiencia preliminar.

Madre del parlamentario admite culpa

Mientras Corvalán se victimiza tras dilatar por 18 meses la audiencia preliminar, la defensa de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, madre del diputado cartista, solicitó la suspensión condicional del procedimiento tras reconocer hechos.

La madre del parlamentario ofreció devolver los G. 20 millones cobrados de manera irregular del municipio y además ofrece una reparación social por G. 100 millones a cambio de dicha salida procesal.

Blanca Álvarez propuso pagar G. 20 millones a la comuna y los G. 100 millones en cuotas que irán a parar también a las arcas de la Municipalidad de Quyquyhó.

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Por otra parte, el coprocesado Damián Galarza también solicitó la suspensión condicional del procedimiento, a cambio de reconocer los hechos. Ofreció devolver G. 40 millones al municipio. Asimismo, solicitó que el juzgado le designe un monto en concepto de donación como reparación social.

La madre del parlamentario está acusada de complicidad en administración en provecho propio y lavado de dinero, mientras que Damián Galarza está acusado por administración en provecho propio.

Siguiendo el mismo camino, otros acusados plantearon salidas similares. El oficial de policía Christian Domínguez, ofreció una reparación de G. 95.000.000.

“Yo solo actuaba por orden de mi protegido. En ningún momento tuve la intención de apropiarme del dinero, ni de quedarme con el dinero de la municipalidad”, dijo Domínguez al juez Humberto Otazú.

Responsabilizan a Esteban Samaniego

Benigno Villasboa y Óscar Fanego, procesados por asociación criminal, indicaron en audiencia que fueron contratados por Esteban Samaniego para realizar balances en la Municipalidad de Quyquyhó y justificar los pagos irregulares cometidos durante su administración.

Villasboa ofreció en concepto de reparaciones de G. 30 millones y Fanego ofreció otros G. 50 millones.

La audiencia preliminar continúa mañana y aún falta la presencia de la actual candidata a intendenta colorada Rut Mercedes Medina Yegros, quien está con arresto domiciliario.

En el marco de la causa, también están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez. Este último es un empresario constructor, amigo del diputado Esteban Samaniego.

Además deben comparecer ante el juez Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.

Mientras la audiencia continúa su curso el diputado Samaniego sigue protegido por el corporativismo cartista en la Cámara Baja que no estudia los pedidos de desafuero.