El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, sostuvo que los resultados de las pruebas PISA obligan ahora al Congreso y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a ser más exigentes con los docentes y a evaluar qué medidas deben tomarse para mejorar el rendimiento escolar.
Ovelar recordó que en 2016 los maestros cobraban alrededor de G. 1.780.000 por turno y defendió el proceso de aumento salarial gradual que, según señaló, se acordó posteriormente con representantes del sector educativo.
“¿Cómo vas a pedir resultado si no das nada?”, planteó el legislador durante su intervención en el Senado, al argumentar que anteriormente no existían condiciones salariales para exigir mayores resultados.
Ovelar: “Ahora tenemos autoridad”
El senador sostuvo que el escenario cambió luego de los sucesivos incrementos salariales al sector docente. “Hoy tenemos autoridad, el Congreso tiene autoridad de ser exigente, porque le hemos dado el incremento año tras año”, afirmó.
Ovelar reconoció que los resultados de PISA muestran un rezago importante y una brecha entre estudiantes de instituciones públicas y privadas. En ese contexto, planteó que, después de la mejora salarial, corresponde discutir también los resultados. “Tenemos la necesaria obligación de ser también exigentes con los resultados”, afirmó.
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El senador agregó que existen docentes “buenos, malos y regulares”, del mismo modo que, según dijo, existen políticos “buenos, malos y regulares”.
Del salario de G. 1,78 millones al reclamo de resultados
El argumento de Ovelar parte de una comparación temporal: en 2016, sostuvo, un docente ganaba G. 1.780.000 por turno. Según su relato, posteriormente se acordó una nivelación gradual y este año se habría cumplido el acuerdo salarial alcanzado en aquel proceso.
El legislador recordó además que en esas conversaciones participaron dirigentes docentes y autoridades educativas, entre ellas el entonces ministro de Educación Enrique Riera, mientras que Santiago Peña era ministro de Hacienda.
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Para Ovelar, la mejora salarial modificó las condiciones para reclamar resultados. “¿Cómo nuestros maestros van a capacitarse en el 2017 si ganan 1.700.000 por turno? Ahora ya pueden”, sostuvo.
Sin embargo, el propio planteamiento del senador abre otra pregunta: si el Congreso considera que una mejora salarial genera una obligación de entregar resultados, ¿qué parámetro se aplica a los legisladores cuando son ellos mismos quienes deciden sus remuneraciones?
Sin una prueba PISA para legisladores
Los senadores y diputados pasaron de percibir G. 32.774.840 a G. 37.900.000 mensuales desde enero de 2025, tras un incremento de alrededor de G. 6 millones incorporado al PGN 2025. El aumento fue aprobado por el propio Congreso durante el tratamiento presupuestario.
El pasado 26 de agosto pasado, el propio Ovelar había reconocido públicamente que ese aumento les quitó autoridad moral para cuestionar reclamos salariales de otros sectores. “Yo les advertí a mis colegas que cuando se aumentó cinco millones el salario nos iba a restar autoridad”, había señalado.
También admitió que, aunque el impacto presupuestario del incremento podía parecer pequeño, tenía un efecto simbólico y ético. “Por una cuestión simbólica te resta una autoridad ética y moral”, afirmó entonces.
La misma vara para docentes y legisladores
Ovelar plantea ahora que, luego de mejorar las remuneraciones docentes desde el 2016, el Congreso debe exigir resultados educativos.
El razonamiento permite trasladar la misma pregunta al Poder Legislativo: si una mejora salarial habilita al Congreso a exigir resultados a los docentes, ¿qué mecanismo de evaluación de resultados existe para quienes aprobaron su propio aumento?.
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No existe una prueba PISA que mida el desempeño de senadores y diputados ni una evaluación externa equivalente que condicione sus remuneraciones a resultados legislativos.
La diferencia es que los docentes son evaluados mediante indicadores educativos, mientras que los legisladores determinan sus propias remuneraciones dentro del proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación de forma inconsulta a espaldas del pueblo que les elegió para representarlos.