La Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni, emitió su informe oficial tras observar las elecciones municipales del pasado 4 de octubre en Paraguay. El equipo técnico felicitó a la ciudadanía y a las autoridades por llevar adelante una jornada electoral de forma organizada y sin incidentes graves.
Según se destacó en el informe, el proceso contó con una participación ciudadana del 58,90% y se destacó por la agilidad del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que logró procesar más del 99,8% de los datos durante la misma noche de los comicios.
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En dicho documento también se desaltó que la Fiscalía reportó 52 denuncias y 22 personas detenidas por presuntos delitos electorales, tales como la compra de votos, violaciones al secreto del sufragio y fotos a las papeletas.
Más de 180.000 jóvenes fuera del padrón por fallas de registro
Uno de los hallazgos en el informe se centra en la depuración de las listas de votantes. La OEA detectó que 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años quedaron categorizados como “inubicables” y no fueron incluidos en el padrón electoral definitivo.
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Esta situación ocurrió debido a que los registros de domicilio proporcionados por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional no contaban con los datos suficientes para asignarles un local de votación.
Para garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía en futuras elecciones, la OEA recomendó estandarizar la recolección de domicilios en las bases de datos policiales mediante campos obligatorios. Sugirió permitir la actualización de datos de residencia cada vez que la persona realice trámites de identificación.
Asimismo, propone impulsar campañas institucionales masivas para que las personas en estado de registro condicional puedan regularizar su inscripción antes del cierre del padrón.
Capacitación obligatoria para miembros de mesa
La Misión de la OEA constató que las capacitaciones a los miembros de mesa dependieron en gran medida de las solicitudes presentadas por las agrupaciones políticas.
Ante esto, el informe solicita adelantar los plazos de designación de los miembros de mesa para contar con listas definitivas con mayor antelación. Además, insta a establecer la obligatoriedad de la capacitación bajo un calendario fijado exclusivamente por la Justicia Electoral y a diseñar programas permanentes de educación cívica dirigidos a los jóvenes.
Recomienda ajustes en urnas, custodia del TREP y software
En el área tecnológica, la OEA constató el correcto funcionamiento de las máquinas de votación, de las cuales solo un 0,8% requirió reemplazo por equipos de contingencia. No obstante, la Misión sugirió una serie de mejoras técnicas.
Propone una modificación de urnas, con la reducción de la ranura de abertura de las urnas de depósito de boletines para brindar mayor resguardo al voto.
Insta a implementar actas formales de entrega y recepción que aseguren el control documental de los certificados del TREP desde las mesas hasta los centros de transmisión.
Propone adermás extender los procesos formales de aceptación, sellado de código (“code freeze”) y control de versiones a la totalidad de los sistemas informáticos institucionales (como el TREP y el escrutinio oficial), dado que actualmente este procedimiento de sellado solo se aplica al programa de las máquinas de votación.
Pide un control al voto asistido y prohibición de boca de urna
En materia de justicia electoral, la Misión advirtió sobre fricciones surgidas por la aplicación de las reglas del voto asistido. Al respecto, enfatizó que las normas que limitan el acompañamiento a electores con discapacidad deben cumplirse estrictamente, sin quedar sujetas a interpretaciones o acuerdos entre los partidos políticos.
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Por último, el informe de la OEA reiteró su preocupación por la publicación de sondeos a boca de urna mientras los locales de votación continuaban abiertos, calificándolo como una práctica recurrente en el país.
El organismo internacional exigió a las autoridades hacer cumplir la legislación electoral que prohíbe expresamente divulgar encuestas y resultados fuera de los plazos legales establecidos.