Ambas iniciativas presentadas por la colorada disidente Lilian Samaniego ya estaban incluidas en el orden del día de la sesión pasada y apuntaban a obtener información documentada sobre los convenios de cooperación sanitaria entre las dos instituciones, en el marco del denominado Frente Único de Salud.
Los proyectos solicitaban datos sobre el funcionamiento de los acuerdos, las prestaciones recíprocas, las obligaciones financieras pendientes y el origen de los recursos destinados a sostener y ampliar la cooperación. Sin embargo, con el retiro de las iniciativas, el Senado no avanzó en el tratamiento de esos requerimientos.
¿Qué información pidió Lilian Samaniego al IPS y a Salud?
Los dos proyectos tenían un objetivo común: determinar cómo se ejecutan los convenios entre el IPS y el Ministerio de Salud, cuáles son sus resultados y qué mecanismos se utilizan para financiar los servicios que prestan ambas instituciones.
Entre los principales puntos solicitados figuraban:
- Convenios y acuerdos vigentes: copias de contratos, adendas, resoluciones aprobatorias y dictámenes jurídicos y presupuestarios, además de información sobre el sustento legal del Frente Único de Salud.
- Deudas y compensaciones: saldos pendientes, prestaciones facturadas, pagos realizados y montos todavía en discusión entre las instituciones.
- Financiamiento: presupuesto disponible, fuentes de recursos, costos de ampliación y previsiones de pago para 2026 y 2027.
- Medicamentos y atención médica: disponibilidad de insumos, tiempos de espera, derivaciones, continuidad de tratamientos y acceso de los pacientes a los servicios.
- Protección de los fondos del IPS: identificación de las cuentas y partidas utilizadas, así como información sobre un eventual uso de recursos jubilatorios, reservas técnicas u otros activos para respaldar los convenios.
Las solicitudes también buscaban conocer las obligaciones pendientes vinculadas con la atención durante la pandemia, las prestaciones cruzadas entre ambas instituciones y las deudas relacionadas con servicios de salud.
El foco en las deudas y los recursos de los asegurados
Uno de los aspectos centrales de los pedidos era la necesidad de separar las obligaciones financieras del IPS y del Ministerio de Salud, identificar sus montos y determinar cuáles estaban reconocidas, discutidas o pendientes de conciliación.
La propuesta dirigida al IPS requería información anual de 2021 a 2024 y datos mensuales desde enero de 2025 hasta septiembre de 2026, con corte al día 28. También solicitaba documentar las gestiones de cobro por prestaciones, especialmente las vinculadas con la pandemia, y las deudas del IPS con servicios del Ministerio de Salud, incluido el Instituto Nacional del Cáncer (Incán).
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Por su parte, el pedido dirigido al Ministerio de Salud apuntaba a establecer con qué presupuesto se financia la atención de personas no aseguradas derivadas al IPS, cuánto cuestan esas prestaciones y cuál es el cronograma previsto para cumplir las obligaciones financieras.
El documento también planteaba la necesidad de determinar si la cooperación podría trasladar obligaciones al IPS sin financiamiento suficiente.
Frente Único de Salud: qué se buscaba verificar
Según la exposición de motivos de los pedidos, los proyectos no presentaban los convenios como hechos de corrupción ni cuestionaban por sí mismos la cooperación entre las instituciones sanitarias. Su propósito declarado era verificar documentalmente su ejecución, sus resultados y la protección de los recursos públicos y de la seguridad social.
Entre otros puntos, solicitaban balances operativos y financieros, evaluaciones sobre la capacidad real de los establecimientos y datos sobre servicios en Ayolas y Yhú. También incluían consultas sobre la atención oncológica, la disponibilidad de especialistas, la braquiterapia y la continuidad de los tratamientos.
La iniciativa dirigida al IPS pedía, además, identificar las salvaguardas para evitar que los acuerdos afectaran los turnos, la provisión de medicamentos o la continuidad terapéutica de los asegurados y beneficiarios.
En el caso del Ministerio de Salud, se requería información sobre el impacto de la cooperación en los pacientes de la cartera sanitaria y sobre las evaluaciones que respaldaran eventuales cierres, traslados o concentraciones de servicios.
¿Por qué eran relevantes los pedidos de informes?
Las iniciativas invocaban los artículos 69 y 95 de la Constitución Nacional y la Ley 1032/96, que crea el Sistema Nacional de Salud, como marco para examinar la coordinación entre las instituciones y el financiamiento de las prestaciones.
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El planteamiento era determinar si los acuerdos cuentan con respaldo documental, mecanismos claros de compensación y recursos suficientes, además de establecer qué resultados producen para los pacientes.
Con el retiro de los dos proyectos antes de su tratamiento, esos requerimientos no avanzaron en el pleno del Senado en la sesión ordinaria mencionada.