El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) espera recuperar G. 2.355 millones (unos US$ 325.000) que tenía depositados en Ueno Bank y que, hasta ahora, no fueron restituidos a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Ante la inmovilización de estos recursos, la institución solicitó a la Cámara de Senadores impulsar un proyecto de ley que establezca, de manera excepcional, un proceso de rescate financiero para devolver los fondos pertenecientes a organizaciones de bien social.
Del total reclamado, G. 1.400 millones corresponden a la Colecta Nacional 2026, realizada entre septiembre y octubre, mientras que otros G. 1.355 millones pertenecen a fondos propios de las compañías de bomberos a nivel nacional.
La presidenta nacional del CBVP, Lorena Cañan Acosta, explicó que estos recursos son necesarios para cumplir compromisos asumidos y cubrir gastos indispensables para mantener operativos los servicios de emergencia.
Entre las necesidades figuran el mantenimiento de móviles, la compra de insumos prehospitalarios y combustible, no solamente para los vehículos de emergencia, sino también para motobombas, generadores y otras máquinas utilizadas por los bomberos.
La preocupación radica en que la falta de acceso a estos recursos compromete la capacidad de respuesta de los cuarteles, que dependen en gran medida de los aportes ciudadanos y de las actividades de recaudación para sostener sus operaciones.
Bomberos piden una ley excepcional para recuperar los depósitos
En una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, la presidenta nacional del CBVP solicitó la redacción de un proyecto de ley que establezca excepcionalmente un proceso de rescate financiero en el marco de la resolución de Ueno Bank.
La propuesta busca establecer un blindaje legal para los fondos pertenecientes a organizaciones de bien social y cuerpos de bomberos voluntarios, de manera que queden excluidos de quitas, reprogramaciones, conversiones o de la prelación general de acreedores.
Además, la institución plantea que la devolución íntegra y efectiva de los montos retenidos se concrete en un plazo máximo de 90 días desde la promulgación de la eventual ley.
Los bomberos argumentan que los recursos provenientes de las colectas ciudadanas tienen una finalidad específica y no constituyen capital de libre disposición de la entidad financiera. Por ello, sostienen que someterlos a las reglas ordinarias del proceso de resolución podría afectar directamente la seguridad pública y la prestación de servicios de emergencia.
En su presentación, el CBVP también recordó que parte de los fondos corresponden a recursos que históricamente estaban depositados en Banco Visión y que posteriormente fueron absorbidos por Ueno Bank.
En el Senado se busca emitir una declaración que expresa una profunda preocupación por los fondos depositados en el Ueno Bank pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el cual fuera resultante de la última colecta ciudadana, realizada el pasado mes de octubre.
El proyecto de resolución fue presentado por la senadora Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego de Causa Republicana, además del presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez.
Senado tratará proyectos sobre la crisis de Ueno Bank
La situación de los bomberos se suma a otros pedidos que serán considerados mañana, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores en el marco de la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank.
Entre las iniciativas figura un proyecto de resolución de la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, que plantea instar al Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, a promover con carácter de urgencia acciones judiciales o extrajudiciales para proteger los intereses patrimoniales de la República.
La propuesta también solicita que se gestionen medidas cautelares para evitar la transferencia, ocultamiento o dispersión de activos que eventualmente podrían responder por daños ocasionados al patrimonio público.
En su exposición de motivos, Paredes advierte sobre la magnitud de los recursos públicos y previsionales que estuvieron depositados en Ueno Bank, provenientes de instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS), el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio de Economía y Finanzas, ANDE, Conatel, Petropar, la Caja Bancaria y las binacionales Itaipú y Yacyretá.
La legisladora sostiene que la Procuraduría debe impulsar investigaciones patrimoniales que permitan identificar eventuales responsables y asegurar bienes suficientes para una posible reparación de los perjuicios ocasionados al Estado.
El documento también menciona expresamente la necesidad de examinar los antecedentes registrales, catastrales, financieros y contractuales del inmueble de Santiago Peña en San Bernardino, así como los patrimonios de directivos de empresas vinculadas a las operaciones bajo cuestionamiento.
Paredes apunta a proteger unos US$ 852 millones de fondos públicos
Uno de los datos centrales de la exposición de motivos de Paredes es que, según los registros de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, al cierre de septiembre de 2026 había aproximadamente US$ 852 millones de dinero público depositados en Ueno Bank.
La senadora sostiene que la dimensión de los recursos involucrados exige una intervención inmediata de la Procuraduría para evitar que eventuales transferencias patrimoniales frustren la recuperación de los fondos.
La iniciativa invoca el artículo 246 de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del procurador general la representación y defensa judicial o extrajudicial de los intereses patrimoniales de la República.