El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal contra Basilio Gustavo Núñez Giménez (ANR, peñista), Bachi, presidente de la Cámara de Senadores y, por ende, del Congreso Nacional, por corrupción con la supuesta comisión de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
A dicha causa, designó al agente fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien desde el mes de junio ya viene realizando varias diligencias investigativas a fin de obtener mayores elementos relacionados a la denuncia presentada el 4 de mayo de 2026 por Francisco Rubén Penayo Almada, funcionario del Congreso.
Consultado sobre esta causa, el agente fiscal refirió a ABC que desde junio “está abierta la causa y se están reuniendo elementos”. Añadió, “la denuncia tiene dos páginas, pero después se presentó una ampliación”.
Coronel indicó que en el marco de esta pesquisa, “ya se cuenta con informes de la Contraloría General de la República respecto a sobresueldos que se habían cobrado por parte del presidente del Senado”, a la par, también se elevaron notas “al Ministerio de Economía y Finanzas sobre si ellos participan o no de concursos de oposición cuando traten cuestiones de ingreso de funcionarios en el Congreso Nacional”.
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En otro momento, expuso que en la denuncia se citan al menos 300 personas, entre contratados y demás funcionarios que habrían ingresado durante la administración de Bachi Núñez. En este sentido, refirió que se solicitaron informes, antecedentes y demás datos sobre esos funcionarios, en cuanto al periodo referido en la denuncia.
Por último, Coronel subrayó que se siguen realizando diligencias en el marco en esta causa y, según lo que arroje el resultado del análisis de estos elementos obtenidos, respecto a cada uno de los hechos punibles que fueron denunciados, para tomar alguna medida procesal con relación al senador investigado Basilio “Bachi” Núñez.
Funcionario denunció a Bachi Núñez por supuesta corrupción
La denuncia presentada por el funcionario del Congreso, Francisco Penayo, señala contrataciones y nombramientos hechos por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez.
En tal sentido, refiere el escrito presentado ante la Fiscalía que se “ha reportado la incorporación masiva de funcionarios a la planilla del Senado y el Congreso (aproximadamente 300 nuevas designaciones, entre contrataciones y nombramientos bajo su gestión), muchos de los cuales guardarían una vinculación estrecha con la militancia partidaria”.
Los incorporados, según el escrito, serían “pertenecientes al partido político del denunciado y, en particular, de su movimiento político, Honor Colorado y de otras facciones, próximas o aliadas del sector mencionado”.
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También trata de la idoneidad de los contratados. “Estas designaciones, además de aumentos salariales se habrían realizado, presuntamente, omitiendo los procesos de admisión que garanticen la igualdad de oportunidades y la idoneidad, como concursos públicos de oposición o concursos internos de oposición”.
Mientras que, sobre la cuestión de los sobresueldos, la denuncia refiere que “es de público conocimiento y, además, están estipulados en datos del Presupuesto General de la Nación, el denunciado senador, Basilio Núñez, recibió montos mensuales en concepto de bonificaciones que ascienden a G. 21.100.950, adicionales a su dieta legislativa”.
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En el escrito presentado ante la Fiscalía, el denunciante cuestionó que dicha suma de dinero “excede la remuneración percibida por el Presidente de la República, lo que quebraría la jerarquía salarial del Estado y la razonabilidad del gasto público”.
Número de funcionarios aumentó 12,85% bajo el mando de Bachi Núñez
El denunciante presentó posteriormente una ampliación ante la Fiscalía, documentación que aún se encuentra bajo escrutinio de la Oficina de denuncias penales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
En esta porción, el funcionario del Congreso Nacional señala que, según los listados oficiales de funcionarios, se cotejaron, en forma preliminar, los datos de las cédulas de identificación en el periodo correspondiente entre mayo de 2024 y abril de 2026.
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Señala el denunciante que, ante estos datos se hizo la distinción técnica entre los movimientos de registros administrativos –persona-institución- y personas reales -números de cédulas únicos-.
Así, el denunciante refirió que, en la nómina unificada del Senado y el Congreso, de mayo de 2024, figuraban 2.014 personas –entre contratadas, permanentes y comisionadas-, mientras que, en abril de 2026, ya había 2.273 personas, lo que expone un incremento de 259 personas más en el Poder Legislativo, lo que equivale a un incremento del 12,85% de funcionarios.
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El denunciante refiere en su escrito que, teniendo en cuenta el mismo listado, el movimiento bruto de incorporaciones bajo la administración del senador Basilio Núñez, es significativamente mayor, ya que se identifica un total de 795 entradas institucionales brutas, de las cuales 358 están asignadas al Congreso y 437 al Senado.
En tanto que, tras depurar las entradas por número de cédula único para identificar a las personas reales, evitando posibles repeticiones en el listado, se constató que corresponden a 792 individuos, de los cuales 593 son nuevos, es decir, ciudadanos que no figuraban en ninguna de las dos instituciones antes de julio de 2024.
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La diferencia, siempre según el escrito de denuncia, para llegar al saldo neto de 259 se explica por la existencia de 536 salidas o ausencias registradas en el mismo lapso, correspondientes a la no renovación de contratos, jubilaciones u otros ceses de funciones.