En medio del debate político reabierto en el Congreso sobre reglamentar la senaduría vitalicia, economistas advierten que algunas iniciativas tachadas de inconstitucionales generan señales de incertidumbre que impactan directamente en la confianza para invertir y en el clima de negocios.
Para el analista económico Jorge Garicoche, más allá de las cifras favorables que hoy exhibe la economía paraguaya, el principal riesgo para la inversión de largo plazo sigue siendo la inseguridad jurídica, especialmente cuando las reglas cambian en su aplicación y no de manera uniforme.
El experto explicó que los inversores toman decisiones hoy pensando en períodos de retorno de 15 o 20 años, enfrentando múltiples riesgos económicos.
Algunos de ellos, como el riesgo cambiario o el de demanda, pueden mitigarse con instrumentos financieros o contratos específicos. Sin embargo, la inseguridad jurídica es un riesgo que no puede asegurarse ni cubrirse en el mercado.
Advirtió que el problema no radica únicamente en cambios normativos, sino en alteraciones en la forma en que se aplican las reglas, especialmente cuando no se hace de manera uniforme.
“Cualquier cambio en la aplicación de una norma puede significar millones de dólares en una inversión”, señaló el consultor, al subrayar que la discrecionalidad institucional es uno de los principales factores que condicionan la llegada de capitales de gran escala.
Este análisis se da en un contexto político marcado por la intención de reglamentar la figura de la senaduría vitalicia, una iniciativa que reabrió el debate constitucional y generó cuestionamientos desde distintos sectores por el impacto que puede tener sobre la institucionalidad.
Desde la óptica económica, este tipo de señales es seguido de cerca por los mercados, ya que incide directamente en la previsibilidad del entorno de negocios y en la confianza de los agentes económicos.
El grado de inversión y sus exigencias
En cuanto al impacto sobre la calificación crediticia, Garicoche consideró que la debilidad institucional no pone en riesgo inmediato el grado de inversión, dado que Paraguay mantiene una sólida reputación como buen pagador de su deuda soberana.
No obstante, advirtió que seguir avanzando dentro de este nuevo “club” será cada vez más exigente si no se fortalecen las señales de estabilidad y respeto a las reglas.
El economista también llamó la atención sobre una contradicción estructural: mientras el país cumple con sus compromisos financieros, persisten atrasos en pagos comerciales del Estado, lo que empieza a generar tensiones en determinados sectores.
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A su criterio, esta situación no compromete aún la calificación, pero sí erosiona la credibilidad institucional si se vuelve recurrente.
Respecto al clima de negocios, Garicoche recordó que si bien los bajos impuestos son un atractivo importante, no son el único factor que evalúan los inversores.
Según comentó el especialista, la seguridad jurídica, la calidad del gasto público, la infraestructura y la previsibilidad institucional pesan tanto o más que los incentivos fiscales a la hora de decidir una inversión de largo plazo.
Finalmente, sostuvo que la señal más concreta que puede dar el Estado para fortalecer la confianza es cumplir a cabalidad los contratos que firma, incluso pagando intereses por mora cuando corresponda.
“Es una señal clara al sector privado paraguayo en primer lugar. El sector privado local es un gran portavoz de lo que luego se puede llevar al mundo. Por eso es importante cumplir incluso con los nuestros para proyectar señales hacia afuera.”, afirmó, al remarcar que la coherencia institucional es la base sobre la cual se construye una reputación económica sólida y sostenible.
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La institucionalidad, el verdadero desafío
En esta misma línea, el analista económico Amílcar Ferreira refirió que, desde la mirada de las agencias calificadoras, Paraguay sigue siendo una “ecuación incompleta”, con sólidos fundamentos macroeconómicos pero una debilidad persistente en su institucionalidad.
Recordó que informes de Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s coinciden en señalar que el principal factor que limita un mayor avance del país en su calificación crediticia no es la política fiscal ni la estabilidad monetaria, sino la fragilidad del Estado de derecho, la baja previsibilidad institucional y la influencia de factores políticos sobre el funcionamiento de las instituciones.
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Asimismo, advirtió que debates que tensionan el marco constitucional o introducen dudas sobre la estabilidad de las reglas no son evaluados como hechos aislados, sino como señales que refuerzan esa debilidad estructural, en un momento en que el país debería consolidar credibilidad para sostener y profundizar los beneficios del grado de inversión.