En materia fiscal y de acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), “la calificadora valoró el compromiso del Gobierno con la prudencia y la disciplina fiscal, el cumplimiento de metas conservadoras y el proceso de consolidación de las cuentas públicas, que permitirá reconstruir los buffers fiscales tras los shocks recientes. Asimismo, resaltó el fortalecimiento institucional del Estado, incluyendo la modernización de la cartera económica, el refuerzo de la administración tributaria y el avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia del sector público y a crear condiciones favorables para la inversión privada”.
Sin embargo, el proceso de convergencia fiscal, sobre todo del 1,9% del PIB previsto para este 2025 está siendo en detrimento del cumplimiento de compromisos asumidos con el sector privado. Si bien se han realizado algunos pagos (por debajo de US$ 100 millones distribuidos entre farmacéuticas y constructoras), los desembolsos continúan siendo mínimos con relación a la envergadura de la deuda, conforme lo señalado por los gremios afectados directamente.
Es de recordar que, a finales de octubre pasado, el Estado enfrentaba una serie de reclamos de proveedores por falta de pago de capital e intereses que rondaba los US$ 1.000 millones (1,9% del PIB) e incluso se estimaba superaría los US$ 1.300 millones (2,8% del PIB) si se consideraban los compromisos del Instituto de Previsión Social (IPS). Así, la deuda exclusivamente de la Administración Central se ubicaba en alrededor de US$ 600.000.000 con las farmacéuticas y de unos US$ 320.000.000 con otro importante sector, las constructoras (por certificados de obras ejecutadas e intereses pendientes).
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Para el cierre de este ejercicio y conforme con datos proporcionados por los sectores afectados, la deuda sufriría leves variaciones sin incluir al IPS, ubicándose en aproximadamente US$ 950 millones o alrededor de 2% del Producto Interno Bruto que, si se considerara como parte del déficit fiscal, superaría ampliamente lo esperado para este año de 1,9%, como se señalaba anteriormente. Este punto, independientemente a si haya sido computado como gasto devengado en las cuentas públicas.
En este contexto, el segundo Grado de Inversión constituye un hito relevante para Paraguay, pero no debería interpretarse como un punto de llegada ni como una validación plena de la situación fiscal subyacente. La evaluación positiva de Standard & Poor’s reconoce avances institucionales y un marco de política económica que, en términos generales, apunta a la estabilidad. Sin embargo, la sostenibilidad de este logro depende de la coherencia entre los objetivos fiscales y la forma en que estos se materializan en la gestión cotidiana del Estado.
La estrategia de convergencia fiscal, si bien necesaria para recomponer márgenes de maniobra, evidencia tensiones significativas cuando se apoya en la postergación de obligaciones con el sector privado. La acumulación de atrasos con proveedores, particularmente en sectores clave como salud e infraestructura, introduce riesgos que trascienden lo contable: deteriora la cadena de pagos, afecta la actividad económica y erosiona la confianza en el Estado como contraparte.
Más aún, la magnitud de estos pasivos, cercana al 2% del PIB, relativiza la lectura del déficit fiscal anual cuando estos compromisos no se incorporan plenamente al análisis. En ese sentido, la credibilidad fiscal no se sostiene únicamente en metas formales, sino en la capacidad efectiva de honrar obligaciones sin trasladar costos al sector productivo. De persistir esta dinámica, el ancla que hoy respalda la calificación podría verse comprometida, convirtiendo un logro reputacional en una señal de alerta sobre la calidad del ajuste fiscal.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.