Tras rescindir el contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez —hijo del titular de la Conmebol—, que incumplió la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones, Petróleos Paraguayos (Petropar) apuró nuevas compras del combustible.
El primer llamado de la estatal, presidida por William Wilka, se realizó bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica internacional para la adquisición de hasta 80.000 metros cúbicos de gasoil, mediante un contrato abierto dividido en dos lotes de hasta 40.000 metros cúbicos cada uno, por un monto estimado de US$ 98.015.240.
De acuerdo con los datos oficiales las ofertas fueron recibidas el pasado 8 de mayo y actualmente se encuentran en etapa de evaluación. Participaron las firmas Axion Energy Paraguay SRL, Vitol Energía Americas SA y Trafigura Pte Ltd.
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Otro “proceso especial” poco transparente
Paralelamente, la petrolera estatal lanzó otro llamado bajo la modalidad de “proceso especial de contratación” para la compra de hasta 40.000 metros cúbicos adicionales del carburante. Esta convocatoria urgente fue publicada el 8 de mayo y las ofertas se recibieron el 13 de mayo.
Sin embargo, en este último proceso no se conocen aún ni el precio estimado ni las empresas oferentes, ya que este mecanismo “permite” a Petropar publicar la documentación recién después de la firma del contrato. Incluso, en antecedentes recientes, la estatal demoró por largo tiempo la difusión de estos datos, como ocurrió con el fallido contrato con Doha Holding.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), entre febrero de 2025 y enero de 2026 Petropar realizó seis adquisiciones bajo esta modalidad especial, mediante las cuales compró 368.500 metros cúbicos de combustible por un monto cercano a G. 1,8 billones (más de US$ 280 millones).
En contraste, entre julio y octubre del año pasado, la estatal realizó solo dos compras mediante el régimen tradicional, que sí exige la publicación de documentos desde el inicio del proceso, adquiriendo en ese periodo 80.000 metros cúbicos de gasoíl por G. 368.646 millones.
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Procedimiento creado para contratar a firma catarí
El “proceso especial de contratación” fue establecido mediante la Resolución N° 2198/2024 de la DNCP, emitida el 13 de agosto de 2024 a pedido de Petropar, apenas un mes antes de la adjudicación a Doha Holding.
El documento fue firmado por el entonces encargado de despacho de la DNCP, Juan Emilio Oviedo Cabañas, en coincidencia con el inicio de las negociaciones con la firma catarí. Ese mismo día, Doha Holding respondía el primer correo de solicitud de precios enviado por la estatal.
La resolución habilita a Petropar a utilizar este mecanismo para aprovechar la volatilidad de los precios internacionales de combustibles y concretar compras en condiciones favorables. No obstante, en el caso de Doha Holding, la empresa recibió diez prórrogas mediante adendas que ampliaron el plazo de entrega, desvirtuando el objetivo del procedimiento y en contravención a la ley de 7021 de Contrataciones.
Condiciones de ventaja para la oferente
Además, el esquema estableció excepciones a las reglas convencionales, permitiendo que las garantías de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento del contrato se puedan presentar mediante declaraciones juradas, sin importar el monto, en lugar de pólizas o cauciones bancarias como exige la normativa general.
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En ese contexto, Doha Holding presentó inicialmente una declaración jurada respaldada por un documento en árabe del Qatar International Islamic Bank como garantía de firl cumplimiento por US$ 3.050.000. Recién más de un año después de la firma del contrato, el 29 de diciembre de 2025, presentó una garantía “reclamable” a través del Banco Continental.
Tras la rescisión del contrato, formalizada el 20 de abril último, Petropar ejecutó dicha caución el 28 de abril, ocho días después.
Sumario a firma incumplidora y directivos
Luego de la rescisión, la DNCP ordenó la apertura de un sumario administrativo contra Doha Holding Group LLC. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1259/26, firmada el 13 de mayo por el director de la DNCP, Agustín Encina, según la documentación a la que accedió ABC.
El proceso también alcanza a varias personas vinculadas a la firma: Mohammed Hussein Alquzweeni, Khalifa bin Hamad Al-Thani, Julio Ernesto Jiménez Granda, Saad Doukali, Jamal Bendaoui y Nimr Abdalati, con el objetivo de determinar si incurrieron en infracciones a la Ley N° 7021/22 de Contrataciones Públicas.
La decisión se basa en el Dictamen DNCP/DGAJ N° 4349/26, elaborado tras una investigación previa. Asimismo, se designó a la abogada Tessa Lima como jueza instructora del sumario, conforme al Decreto N° 2264/24.