El nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) comenzó a operar en enero de 2026, luego de que el Presidente Santiago Peña firmara el decreto mediante el cual reglamentó la Ley 7424/25 que creó el ente. Se trata de una institución que fusionó la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculado a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía); y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La exdirectora de los Registros Públicos y actual gerente superior del RUN -máxima autoridad de la nueva institución-, Lourdes González, conversó con ABC y refirió que las disputas vinculadas a la propiedad inmobiliaria se dan por falta de correspondencia entre los antecedentes registrales, los planos y la realidad física de los terrenos.
Para la funcionaria, el nuevo sistema creado por la Ley Nº 7424/2025 apunta a corregir esos errores. “Los casos que requieren regularización no responden exclusivamente a una región específica del país, sino a procesos acumulados durante décadas de ocupación, parcelamiento y urbanización”, explicó.
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Seis departamentos registran mayor incidencia
No obstante, por el volumen de inmuebles y la complejidad de los antecedentes técnicos y jurídicos, actualmente se registra una mayor incidencia de situaciones que necesitan análisis y saneamiento en todo el Chaco, y en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Central, según lo señalado.
González detalló además que en el Chaco los desafíos están vinculados principalmente a grandes superficies rurales, antiguos antecedentes dominiales y procesos de mensura y adecuación cartográfica.
En tanto que en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, sostuvo que predominan los casos asociados a históricos procesos de colonización y fraccionamientos desarrollados a lo largo de varias décadas.
En cuanto al departamento Central, dijo que la situación es diferente, por la alta densidad poblacional y la intensa actividad inmobiliaria que generan una gran cantidad de trámites relacionados con loteamientos y urbanizaciones.
Código único para cada inmueble
González sostuvo que el principal cambio introducido por el RUN es la combinación del título de propiedad con una representación gráfica exacta del inmueble. Para ello se implementa un código único catastral registral basado en georreferenciación precisa, que identifica cada propiedad de forma inequívoca e inmutable.
“Esta unión garantiza que las propiedades estén claramente delimitadas y registradas, eliminando ambigüedades que son las que generan conflictos legales. Se otorga certeza jurídica en la identificación y transferencia de bienes inmuebles”, afirmó González.
La funcionaria indicó además que el sistema permitirá minimizar litigios derivados de errores o fraudes en la identificación de terrenos, al vincular de manera directa el plano con el título legalmente reconocido.
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Menos juicios, pero no de inmediato
Consultada sobre el impacto del RUN en la reducción de litigios, González señaló que las proyecciones son “sumamente optimistas”, aunque aclaró que el proceso será gradual.
Dijo que la ley en su artículo 95 prevé mecanismos de rectificación administrativa y judicial que permiten “corregir diferencias de superficie” mediante mensura administrativa con consentimiento de colindantes o, cuando corresponda, a través de procedimientos judiciales.
Implementación en marcha
Pese a los avances, la gerente reconoció que el ciudadano aún no puede asumir que toda la información contenida en el RUN coincida plenamente con la realidad física y jurídica de cada inmueble.
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Finalmente explicó que el RUN se encuentra actualmente en una etapa de implementación y consolidación institucional, integrando antecedentes generados durante décadas bajo distintos marcos normativos y sistemas de información.