Noruega encabezó la clasificación con 83 puntos sobre 100, seguida de Irlanda (81), Países Bajos (79), Suiza (79) y Dinamarca (78). Entre las principales economías desarrolladas, Alemania ocupó el séptimo puesto con 75 puntos, mientras que Estados Unidos se ubicó en la posición 24 con 68 puntos. Estos resultados reflejan que el tamaño de una economía no determina, por sí solo, las condiciones de seguridad económica durante la vejez.
En América Latina, Chile registró 52 puntos y ocupó el puesto 37 a nivel mundial, seguido de México con 49 puntos y la posición 38. Brasil se situó en el puesto 41 con 42 puntos, mientras que Colombia alcanzó 35 puntos y ocupó la posición 43. Paraguay no forma parte de las 44 economías evaluadas, al igual que Argentina y Uruguay.
El desempeño chileno presenta diferencias entre las dimensiones evaluadas. El país alcanzó 70 puntos en finanzas para la jubilación y ascendió al séptimo puesto mundial en este componente. Sin embargo, registró retrocesos en salud y calidad de vida. México, por su parte, descendió tres posiciones en la clasificación general, mientras que Brasil obtuvo apenas 18 puntos en bienestar material.
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El informe también evidencia las preocupaciones financieras de los inversores. El 68% teme que la inflación reduzca el valor futuro de sus ahorros, el 66% declara que ahorra menos debido al encarecimiento de los gastos cotidianos y el 72% manifiesta preocupación por el posible impacto de la deuda pública sobre las prestaciones jubilatorias.
Además, el 43% considera que necesitaría un milagro para jubilarse con seguridad. Estos porcentajes corresponden a inversores encuestados, no al conjunto de los jubilados.
El envejecimiento demográfico incorpora nuevas presiones. Las proyecciones de Naciones Unidas citadas por Bloomberg Línea sitúan en 10,5% la proporción de habitantes latinoamericanos de 65 años y más en 2026. Cuba alcanza 17,6%, Uruguay 16,5% y Chile 15,1%. Esta transformación plantea desafíos para el financiamiento de las pensiones, la cobertura sanitaria y los servicios de cuidados de largo plazo.
Paraguay enfrenta el desafío de ampliar la protección social de una población que envejece. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que, en 2025, existían 784.803 personas de 60 años y más, equivalentes al 13% de la población comprendida en la encuesta. De ese total, 347.791 permanecían ocupadas, aproximadamente cuatro de cada diez adultos mayores.
La cobertura sanitaria constituye otra limitación. El 61,4% de los adultos mayores no disponía de seguro médico, mientras que el 30,4% contaba con cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS) y el 8,2% tenía otro tipo de seguro.
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Como complemento del sistema contributivo, la pensión universal para adultos mayores constituye un instrumento de protección económica. El Ministerio de Economía y Finanzas estableció una meta de 370.000 beneficiarios para 2026, con una asignación presupuestaria de G. 3,218 billones. Se trata de metas presupuestarias, no de cifras de ejecución.
La experiencia internacional demuestra que la seguridad durante la vejez no depende exclusivamente de recibir una jubilación, sino también del acceso a servicios de salud, del poder adquisitivo y de la sostenibilidad de los sistemas previsionales.
Para Paraguay, el principal desafío es ampliar la cobertura contributiva mediante la formalización laboral, fortalecer los mecanismos de ahorro para la jubilación y asegurar la sostenibilidad financiera de las prestaciones. La pensión universal permite proteger a quienes llegan a la vejez sin suficientes aportes, pero no sustituye la necesidad de construir un sistema previsional que ofrezca ingresos adecuados a las futuras generaciones.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.