El mandatario Santiago Peña habló en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, tras el acto en homenaje a la delegación del Team Paraguay que compitió en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Consultado por Atome, afirmó que el proyecto lleva muchos años y que las conversaciones “iniciaron ya en el gobierno pasado”.
Describió una inversión de “más de seiscientos millones de dólares” que se sostiene sobre condiciones de tarifa y de ajuste a largo plazo. Según dijo, hoy el país no cuenta con ese respaldo legal: “no existe ese marco jurídico”.
La pregunta era qué se prometió a los representantes de la empresa, que hablan de promesas incumplidas, y cómo maneja el Ejecutivo una probable demanda internacional. Peña no precisó qué se prometió ni explicó si el Gobierno se prepara para ese escenario.
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Ministerio y ente regulador
En cambio, planteó que el fondo del asunto es institucional. Sostuvo que un país con tanta riqueza energética, y con recursos en el subsuelo que todavía son “totalmente desconocidos”, como el uranio y las tierras raras, necesita un Ministerio de Minas y Energía y “un árbitro”, es decir, un ente regulador.
Para explicarlo recurrió a una analogía futbolera que atribuyó a técnicos con los que conversó. En el colegio se juega al fútbol sin árbitro y se cobra entre compañeros, pero “cuando empezamos ya a jugar en una liga diferente, ahí ya tiene que venir el árbitro”.
Consultado sobre si la controversia puede dañar la percepción de Paraguay en el exterior, respondió que “toda información negativa puede dañar la reputación del Paraguay”. Y agregó que “no toda información que se publica es cierto (sic)”, sin precisar a qué información se refería.
Decretos “poco debatidos”
Sobre si un nuevo contrato con Atome es viable, dijo: “Claro, por supuesto”. Explicó que ya hay industrias electrointensivas con pliegos tarifarios y que Atome buscaba “condiciones especiales” para las que la ANDE “no tenía el marco”.
Recordó que el Ejecutivo intentó regular esas condiciones con dos decretos, para industrias convergentes (donde, dijo, entraba Atome) y para inteligencia artificial. A estos decretos, que en junio fueron derogados, las calificó de “poco debatidos, poco comprendidos y muy cuestionados”, y por eso decidió: “si es un tema controversial, dejémoslo de lado, discutámoslo más”. Añadió que conformó una mesa eléctrica con expertos de los sectores público y privado.
Se le preguntó si las tarifas para electrointensivas se definirían por decreto o por resolución de la ANDE y no indicó el mecanismo. Dijo que hoy hay un pliego vigente (el N° 21) en el que las empresas “están funcionando” y que en unos días inaugurará una industria electrointensiva en Limpio. Sobre Atome, aseguró que “un decreto solamente, por lo visto, no es suficiente”.
Los documentos revisados por ABC muestran que Atome pidió a la ANDE cambios en su contrato y una tarifa de US$ 30/MWh el 12 de noviembre de 2025. Cuarenta días después, el 22 de diciembre, el MIC y el MITIC presentaron el informe técnico que sustentó el régimen tarifario. El 16 de enero de 2026, 65 días después del pedido, Peña firmó los decretos 5306 y 5307.
Según el cálculo de ABC, el 5307 fijó para el hidrógeno una tarifa de entre US$ 30 y 32/MWh, casi idéntica a la solicitada. El plazo fue de hasta 15 años, menos que los 20 que pedía la empresa. Los decretos no fueron refrendados por la ANDE, que es la que vende la energía, y Peña los dejó sin efecto el 9 de junio de 2026.
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El gerente de proyectos de Atome, Juan Pablo Nogués Peña, es primo hermano de Santiago Peña. El propio presidente lo admitió el 30 de septiembre, cuando ABC TV le consultó durante la inauguración de una sede judicial en Fernando de la Mora: “es mi primo” fue lo único que dijo. Nogués también confirmó el parentesco a ABC.
Quince días después del pedido de Atome, el 27 de noviembre de 2025, Peña firmó el Decreto 4999/2025, que volvió a nombrar a Nogués representante del MIC ante el Conacyt hasta 2027. Los documentos no acreditan que haya influido en los decretos y él lo niega: “Yo con el presidente nunca hablé sobre estos temas”. El MIC sostiene que no hay conflicto de intereses, mientras que Sitrande exige explicaciones y evalúa denuncias ante la Contraloría y el Parlamento.
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Atome rescinde su contrato con la ANDE
Ayer, 1 de octubre, mediante un comunicado a la Bolsa de Londres (AIM), Atome notificó la terminación de su contrato de compra de energía de 2022 con la ANDE, ampliado luego a 145 MW. La rescisión será efectiva a finales de 2026, tras no acordar con la estatal una suspensión temporal. La empresa dice que seguirá negociando “de buena fe” para que avance su proyecto de US$ 665 millones en Villeta.
La firma mantiene su ofensiva de arbitraje. El 17 de septiembre notificó al Estado un aviso de disputa bajo el tratado bilateral de inversiones entre Paraguay y el Reino Unido, que abre un plazo de tres meses para negociar antes de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Su asesor legal, Jorge Gross Brown, sostiene que el reclamo no depende de un contrato firmado.
Desde la ANDE, su presidente, Miguel Báez, había dicho ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que el nudo es la tarifa: “Nosotros no podemos vender por debajo de nuestra tarifa. Eso es clarito”. La estatal sostiene una tarifa técnica superior a US$ 44/MWh. Hasta la publicación de esta nota, la ANDE seguía sin emitir una postura oficial sobre el comunicado de Atome.