Recientemente, Fitch Ratings decidió mantener la calificación soberana de Paraguay en BB+, con perspectiva positiva. La calificadora mantiene al país un escalón por debajo del grado de inversión, en un contexto en el que persisten observaciones relacionadas a la sostenibilidad fiscal y la credibilidad de las cuentas públicas, según se informó.
Ante este escenario, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, señaló que alcanzar el grado de inversión es resultado de un proceso de varios años y de un trabajo que, según indicó, se viene desarrollando desde 2003 con distintos gobiernos, principalmente en materia de desarrollo, estabilidad macroeconómica y formalización.
“Llegar es difícil (al Grado de Inversión), pero mantenerlo es más difícil aún”, afirmó, al señalar que se trata de un proceso en el que Paraguay debe continuar trabajando sobre sus puntos débiles.
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En ese sentido, destacó la necesidad de seguir perfeccionando el funcionamiento de la economía y la forma en que el país se presenta ante el mundo. “Tenemos en el país una democracia todavía bastante joven y contamos con una población económica también joven”, manifestó.
En esa línea, señaló que Paraguay debe avanzar en la formalización y la desburocratización, además de trabajar cada vez más en la lucha contra la corrupción. A esto sumó la necesidad de continuar propiciando el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica.
Caso Rivas y seguridad jurídica
Consultado sobre cómo el caso del exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Hernán Rivas impacta en la seguridad jurídica y en la mirada internacional que pueden tener los inversores sobre Paraguay, Duarte señaló que el problema es, más bien, interno y que genera “mucha vergüenza”.
“Nosotros no deberíamos generar acciones que nos puedan dar vergüenza ante el mundo. Es lo que está ocurriendo y es por eso que tenemos que trabajar. Decimos que la construcción de la institucionalidad implica voluntades y trabajo del mundo público, privado y de la sociedad civil”, indicó.
El titular de la UIP señaló que entre todos los sectores se debe trabajar para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. “Aparte de apenarnos, nos genera mucha vergüenza”, reiteró.
Confianza de inversores
Por otro lado, se refirió a la situación de Atome, empresa que planeaba instalar una planta de hidrógeno y fertilizantes verdes en Villeta. El caso escaló tras la revocación y derogación de decretos del Poder Ejecutivo que fijaban ventajas tarifarias para industrias electrointensivas.
Ante esto, la compañía notificó la terminación de su contrato con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pero mantiene su ofensiva de arbitraje contra Paraguay.
Al respecto, Duarte señaló que las empresas deben analizar las condiciones y, por encima de todo, la rentabilidad de sus negocios. Consideró que, si la compañía tomó esa decisión, debe existir algún fundamento económico.
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No obstante, afirmó que desde la UIP continúan recibiendo consultas y visitas de grandes inversores interesados en proyectos vinculados a la industria de transformación, de consumo intensivo y procesamiento de datos para inteligencia artificial.
“Estuvimos el otro día con la visita de la gente de Araico. Es una inversión importante proyectada es de US$ 12.000 millones y el nivel de inversores involucrados en este emprendimiento realmente demuestra la confianza hacia el país, porque no son solamente nacionales sino de la economía mundial, que están apostando a Paraguay”, destacó.
“Hacer las tareas de institucionalidad y productividad laboral”
Para Duarte, la presencia de este tipo de capitales demuestra que existe confianza en Paraguay, aunque insistió en que el país debe continuar “haciendo los deberes”, especialmente en materia de institucionalidad y productividad laboral, temas que, de acuerdo con lo que precisó, se vienen recalcando desde el sector empresarial.