La Fiscalía de Delitos Ambientales abrió de oficio una investigación penal por la supuesta tala ilegal de árboles en el terreno ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad. en el que se pretendió instalar una estación de servicios. Así lo confirmó Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción y lo ratificó la fiscala Lorena Ledesma, quien interina la oficina en la que se encuentra la investigación.
La construcción de la gasolinera había sido autorizada por la Municipalidad bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pero el permiso fue revocado por su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).
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Según informó Sabaté, la Fiscalía abrió la carpeta luego de que se registrara el derribo de los árboles, la mayoría de especies nativas. El hecho consta en un acta de intervención municipal del 3 de enero de 2026, pese a que el permiso de construcción del proyecto ya había sido revocado en diciembre del año pasado.
El asesor jurídico de la comuna confirmó además que, por estos hechos, está abierto un proceso administrativo en instancias de la comuna, y que los antecedentes ambientales fueron remitidos al Juzgado de Faltas para determinar las multas correspondientes.
Colaboración
Sabaté, director jurídico de la comuna, dijo que la Municipalidad ya se puso a disposición del Ministerio Público ofreciendo todo su caudal probatorio para colaborar con la investigación penal, aunque aclaró que la resolución de la causa penal ya no depende de la voluntad municipal.
Aunque no lo afirmó directamente, dio a entender que el dictamen jurídico realizado por su antecesor, Benito Torres, que avaló la instalación de la estación de servicio, no fue correcto. Aseguró que encontró irregularidades en el expediente municipal y que la situación jurídica es clara al no cumplirse con los requisitos legales básicos.
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Puntualmente, señaló que el proyecto ignora la Ordenanza 7/2011, que prohíbe estaciones de servicio a menos de mil metros, mientras que la empresa Fuelpar, responsable de la gasolinera, no cuenta con una acción de inconstitucionalidad propia contra esta normativa.
El asesor sugirió que su antecesor falló al validar un trámite con vicios legales. “Si no corresponde, algo se hizo mal”, manifestó. Mencionó que no se puede utilizar una inconstitucionalidad “prestada” de otras empresas para este caso.
La investigación
ABC Color constató que la causa se encuentra actualmente a cargo de la fiscala Elvia Chávez. Lorena Ledesma, quien interina en su despacho por vacaciones, señaló a este medio que ya se realizaron diligencias clave en esta investigación.
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Asimismo, aseguró que carpeta fiscal se encuentra actualmente en la Dirección de Medio Ambiente para un análisis técnico. Se investiga si los responsables violaron leyes que protegen el arbolado y el ecosistema urbano.
La agente no precisó si la investigación fue abierta contra los titulares del terreno, de la firma que pretendió instalar la gasolinera o contra personas innominadas. Tampoco especificó los hechos punibles investigados.
Marco legal
En Paraguay, la Ley N° 716/96 y el Código Penal castigan la tala ilegal con penas privativas de libertad de hasta diez años. El artículo 4° de dicha ley establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes dañen gravemente el ecosistema. Además, se contemplan multas que oscilan entre 500 y 2.000 jornales mínimos legales.
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La Ley 4928/13 de protección del arbolado urbano prohíbe cualquier tala en predios privados o públicos sin previa autorización municipal. Esta normativa solo permite el derribo en casos de peligro inminente, enfermedad del ejemplar o construcciones donde se demuestre la imposibilidad de su permanencia. El incumplimiento deriva en procesos ante el Juzgado de Faltas.
La legislación exige una compensación ambiental obligatoria de diez plantines por cada árbol talado. Estos ejemplares deben ser entregados a la Municipalidad para programas de repoblación en zonas urbanas de escasa cobertura.