Gianina García, pareja de Sebastián Marset, se encuentra bajo custodia en la cárcel de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada desde el 20 de febrero último tras permanecer por varios meses en la cárcel militar de Viñas Cué.
García fue informada por uno de sus abogados acerca de la captura y extradición de Marset a los Estados Unidos un día después del operativo. La noticia no fue recibida de la mejor manera por la mujer, que pidió saber cómo se encontraban sus hijos, teniendo en cuenta el nivel mediático de la información.
Consultado sobre un posible refuerzo en la seguridad alrededor de Gianina García tras la captura de Marset, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que en líneas generales se toman los recaudos necesarios teniendo en cuenta que se trata de una persona de alto perfil. “Merece un cuidado y un tratamiento especial (…) Todos los movimientos como visitas de abogados, de familiares o algún requerimiento que tenga que ver con su salud están documentados”, señaló.
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Sobre el requerimiento de García de mantener comunicaciones telefónicas con sus hijos, el ministro manifestó que, si bien se debe respetar el derecho superior de los niños, todos estos contactos se realizan con acompañamiento de un funcionario, así como personal técnico.
Nicora evitó opinar sobre la posibilidad de atenuar las medidas sobre Gianina García, quien es señalada de haber formado una sociedad para el lavado de activos. “No me gustaría preopinar sobre algo que es estrictamente atribución del juez que lleva la causa (…) Nosotros simplemente acompañamos el proceso judicial y recibimos y acatamos las órdenes judiciales”, explicó.
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El papel de Gianina García en A Ultranza
De acuerdo con la imputación presentada el 22 de febrero de 2022 por el fiscal Deny Yoon Pak, en el marco de la causa A Ultranza, Gianina García Troche, en su carácter de pareja de Sebastián Marset, constituyó la sociedad denominada “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”.
García habría habilitado una cuenta bancaria y para el efecto empleó un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en el cual constaba que era dueña de un tractocamión supuestamente habilitado para realizar transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes, con una ganancia de US$ 7.500 de manera mensual.