Los gremios de abogados del Paraguay expresaron, a través de un comunicado, un enérgico repudio contra la resolución dictada por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital que dispuso el sobreseimiento definitivo del senador Hernán David Rivas, del proceso por el supuesto título falso de abogado, hecho que califican como de “extrema gravedad institucional.”
“No se trata de una decisión más. Se trata de un fallo que, bajo el ropaje de una interpretación formal sobre la prescripción, clausura el debate judicial de hechos que comprometen la fe pública, la legalidad del ejercicio profesional y la integridad de las instituciones republicanas”, resalta parte del comunicado de los gremios de profesionales del Derecho.
Firman el comunicado el Colegio de Abogados del Alto Paraná, Asociación de Abogados del Departamento de Caaguazú, Colegio de Abogados de Canindeyú, Asociación de Abogados Multifueros de Itapúa, Colegio de Abogados de Caaguazú, Asociación de Abogados del Guairá, Colegio de Abogados de Cordillera, Asociación de Abogados de Central y la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
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Consideran inaceptable que, existiendo una imputación fiscal concreta y una acusación que ameritaba el debate en juicio oral y público, el tribunal de alzada, con el voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, haya optado por cerrar definitivamente el proceso, más aún cuando el camarista José Agustín Fernández, quien votó en disidencia, advirtió con claridad que el sobreseimiento era improcedente y que la causa debía avanzar hacia el juzgamiento.
A criterio de los gremios de abogados, con el fallo del Tribunal de Apelación, estamos ante una decisión controvertida que favorece, lisa y llanamente, la impunidad; por lo que consideran contradictorio que, siendo inapelable el auto de apertura a juicio oral, se haya habilitado su revisión para finalmente clausurar el proceso, evidenciando una “actuación arbitraria orientada a evitar el juzgamiento” de Hernán Rivas.
Fallo sobre Hernán Rivas “distorsiona sistema penal”
En el comunicado publicado este martes 31 de marzo los gremios de abogados afirman que es especialmente grave la interpretación según la cual el hecho punible de uso de documento público de contenido falso está supeditado a la previa declaración del delito de producción.
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Sobre el punto agregan que el artículo 252 del Código Penal es autónomo y no requiere condena previa; ya que la falsedad alude en este caso, nada menos que a un título de abogado, imputación que puede y debe ser probada en juicio. “Impedir ese debate constituye una distorsión del sistema penal”, remarcan en el escrito.
Los abogados del Paraguay remarcan que no aceptan una “justicia selectiva ni complaciente”, y que el poder o la investidura funcionen como escudo frente a la responsabilidad penal; tampoco que se clausuren procesos sensibles sin que la sociedad obtenga respuestas.
Con estos argumentos rechazan la resolución del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital por considerar que constituye un precedente sumamente peligroso, que debilita la confianza pública en la administración de justicia; y exigen al Ministerio Público que interponga, sin dilaciones, todos los recursos legales pertinentes ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de revertir la decisión en segunda instancia.
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Cuestionan inacción y demora de fiscalía
Los gremios de abogados expresan preocupación por la “cadena de actuaciones” que condujo al sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas: la inacción y demora del Ministerio Público en etapas clave de la investigación, que permitió la prescripción respecto al hecho relativo a la producción del título falso de abogado, consolidando un escenario de impunidad. Al respecto resaltan que la Fiscalía General del Estado debe esclarecer dichas omisiones y determinar responsabilidades.
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“Cuando la justicia cede ante interpretaciones funcionales a la impunidad, deja de ser justicia. Este no es solo un caso más, es una señal. Y como gremios no permaneceremos en silencio frente a señales que erosionan los cimientos mismos de la República. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. La justicia no puede renunciar a su función esencial refugiándose en interpretaciones que, lejos de garantizar derechos, terminan por desnaturalizar el proceso penal y vaciarlo de contenido”, remarcan en el comunicado.
Los gremios señalan que la gravedad del caso se acrecienta por la calidad del involucrado y por la naturaleza de los hechos investigados, y que cuando el acceso a la matrícula de abogado mediante documentos cuestionados y el posterior ejercicio de funciones en órganos encargados de juzgar a magistrados no son esclarecidas en juicio, el daño trasciende a las partes y golpea directamente la credibilidad del sistema jurídico en su conjunto.