El funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Pánfilo Saldívar (63), imputado por tráfico de influencias, pasará a cumplir libertad ambulatoria, así lo dispuso el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, por medio de su Auto interlocutorio (AI) N° 101.
Sin embargo, Saldívar tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio con la víctima, así como con funcionarios del Incan y de acercarse a la institución, ubicada en la ciudad de Capiatá, bajo apercibimiento de que las medidas sean revocadas en caso de incumplimiento.
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Estigarribia también estableció otras medidas como la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin previa autorización del juzgado; también, las obligaciones de comparecer ante el juzgado entre los días 1 y 5 de cada mes, y de notificarse de las audiencias o citaciones que se fijen en la presente causa.
A modo de asegurar su sometimiento al proceso penal, el magistrado hizo lugar a la caución real ofrecida por el procesado y trabó embargo preventivo sobre el inmueble individualizado como Finca Nº 9.452, del distrito de Itauguá, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos a nombre del encausado, hasta cubrir la suma de G. 200.000.000. Saldívar deberá presentar los documentos para formalizar la caución y aceptar las medidas, el 21 de mayo próximo.
La defensa del procesado, ejercida por la abogada Carmen Noelia Saldivar Velázquez, solicitó el levantamiento de la prisión preventiva para el funcionario al considerarla como una pena anticipada. Por su parte, el fiscal Luis Piñánez, se allanó al pedido.
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Exigió dinero a paciente del Incan para conseguirle turnos
De acuerdo con los datos expuestos en la imputación fiscal, el 3 de enero de 2026 el paciente de 41 años y víctima en el caso, mantuvo una comunicación telefónica con el funcionario Pánfilo Saldívar, ocasión en la que el último le habría solicitado la suma de G. 3.000.000, indicándole que así agilizaría la realización de la cirugía que requería en el Incan, por un cuadro de diverticulitis aguda asociada a un tumor.
Como el paciente no contaba con esa suma, el funcionario le ofreció la posibilidad de pagarle en forma fraccionada, a lo cual accedió el denunciante. En ese contexto, según la denuncia de la víctima el 18 de enero de 2026 le entregó la suma G. 1.000.000, en efectivo y en mano, a Saldívar, en el patio de la institución.
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Es así como, el 19 de enero de 2026, se sometió al procedimiento quirúrgico correspondiente en el Incan. Luego, tras analizarse la biopsia resultante de la intervención, le fue informado verbalmente por un profesional tratante que la patología detectada no revestía carácter cancerígeno, sino benigno, razón por la cual no correspondería una segunda cirugía y fue orientado para seguir atención en el Hospital de Clínicas.
Ya el 7 de abril, habiendo transcurrido tres meses de aquella intervención, Pánfilo Saldívar volvió a contactar con el paciente de 41 años y esta vez por WhatApps. En la ocasión, le señaló que el saldo de lo que le debía ascendía a G. 2.000.000, elevando el monto total requerido a G. 5.000.000.
Saldívar le comunicó también que ese saldo ya habría sido cubierto por él mismo, por lo que la deuda pendiente quedaría directamente a cargo del denunciante, según la imputación.
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Víctima denunció exigencia de dinero por funcionario
El paciente y víctima del funcionario presentó denuncia de lo ocurrido el 9 de abril. En su relato expuso la solicitud de sumas de dinero por parte de un funcionario del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), con la finalidad de agilizar la realización de un procedimiento quirúrgico.
Luego de la denuncia, fue el abogado Engelberto García, director general de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, puso a conocimiento del Ministerio Público los hechos denunciados.
Después de esta comunicación se planificó la entrega vigilada por parte del Ministerio Público en coordinación con la víctima, previa identificación de los billetes de G. 100.000 a ser entregados al funcionario, correspondiente a la “deuda” de G. 2.000.000 reclamada por el funcionario.