El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y Federico Rojas, condenó a 8 años de pena privativa de libertad al narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza, por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El representante del Ministerio Público, Luis Piñánez, había solicitado inicialmente la aplicación de la pena de 5 años de cárcel para el acusado por lavado de dinero (art. 196 del Código Penal). Sin embargo, el Tribunal de Sentencia advirtió que detectó durante el juicio elementos que configurarían una mayor gravedad del hecho punible.
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Es así que, al momento de dar a conocer su veredicto el colegiado consideró que la conducta de Jaime Franco se encuadraba en el lavado de activos provenientes del narcotráfico, penalizado en el artículo 44 de la Ley N° 1.340/88 (Ley de drogas) y su modificatoria, por lo que terminó aplicando una pena de 8 años de prisión para Franco. Cabe resaltar que el marco penal de este ilícito va de 5 a 15 años de prisión.
Ello fue porque, según lo que el Ministerio Público pudo probar a lo largo de las audiencias de juicio es que Jaime Franco, “desde su lugar de reclusión seguía incursionando en negociaciones tendientes a la compra-venta de sustancias estupefacientes, las cuales se desprenden de las conversaciones de la aplicación de telefonía móvil WhatsApp, extraídas bajo autorización judicial”.
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El Tribunal decretó también el comiso de la suma total de G. 188.421.000, y US$. 10.050, así como un celular Iphone 14 Pro max y un celular Samsung, además de otro celular Iphone 7, y la camioneta Chevrolet Tracker LTZ FLEX, año 2015, matrícula UAE 279, que actualmente está a nombre de terceras personas, lo que hace imposible la afectación del referido bien, por lo que la Fiscalía pidió el comiso especial del valor sustitutivo del rodado en US$ 20.000.
Dinero hallado en poder de Jaime Franco evidenció el “modus operandi”
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, había señalado durante la presentación de sus alegatos finales que Jaime Fraco, pese a estar en un recinto penal, recluido, en el marco del cumplimiento de su condena a 18 años, siguió operando en el tráfico de drogas e insertó dinero ilícito al sistema financiero legal.
En ese sentido vale recordar que, esa condena a Franco es porque se en juicio se había probado que él lideraba una organización criminal estructurada para la comercialización y tráfico internacional de cocaína. En 2013, fue condenado a 11 años, pero el fiscal Marcelo Pecci apeló y en un nuevo juicio en 2017 fue condenado a 18 años, pese a que el citado fiscal había pedido 20 años de cárcel.
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Además, el 22 de octubre de 2020, se llevó a cabo una requisa en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en el sector de Admisión, con acompañamiento de la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez. En la oportunidad se incautaron celulares, drogas, dinero en efectivo, documentos varios, incluso un improvisado laboratorio narco.
Al lado de la citada zona, se encontraba la celda de Jaime Franco, donde se hallaron armas blancas, celulares, documentos de transacciones y dinero en efectivo que totalizaron G. 174.633.000, US$. 12.400, E 500, y R (rand) 10. Como consecuencia de esta causa, se abrió otra y, en el marco de la misma el 9 de marzo de 2023, se intervino la celda de Jaime Franco, pero esta vez en la Agrupación Especializada de la Policía, donde se volvió a encontrar la suma de G. 11.600.000 en efectivo.
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Mediante conversaciones extraídas del celular de Franco, bajo autorización judicial, se pudo constatar que el mismo seguía operando en las negociaciones tendientes a la compra-venta de sustancias estupefacientes y que el dinero hallado era producto de ello.
Dinero narco era invertido en bienes
El fiscal Piñánez expuso como prueba del lavado cometido por Jaime Franco, un pagaré de la firma All-Motors que fue incautado de la celda de Jaime Andrés Franco Mendoza. El mismo era por la compra de una camioneta Chevrolet Tracker LTZ FLEX, año 2015, con placa UAE 279, a nombre de la fallecida Lizzi Ferreira, pareja sentimental del hoy condenado.
Por otra parte, las boletas de depósito de sumas de dineros a terceros, se demostró al tribunal, mediante la declaración de Dilce Isabel Cabrera Orué, que ella fue contactada y contratada por Lizzi Ferreira, para realizar depósitos de dinero. Para la Fiscalía, esta es “una modalidad más del tipo, es decir la estratificación, y con esto para borrar el rastro u origen del dinero, y con esto ‘disimular su origen’”.
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A esto sumó que, Jaime Franco “no figura como cliente o usuario de algún producto bancario o financiero, es decir una persona fuera del sistema financiero, no obstante, el mismo en dos ocasiones -requisa y allanamiento-; le fueron incautadas sumas millonarias en efectivo pese a la expresa prohibición de contar consigo sumas de dinero y celulares”.
En base a todos esos elementos, el fiscal Piñánez refirió que “la falta de respaldo documental para explicar la tenencia de esos fondos, además de las solapadas transacciones comerciales del imputado desde su lugar de reclusión para ocultar su verdadera actividad ilícita de tráfico de drogas”.
Supuesta conexión con sicariatos de Pecci y del exdirector de Tacumbú
El nombre de Jaime Andrés Franco Mendoza aparece ligado a dos casos de sicariato, registrados en el año 2022. Uno de ellos, el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo, en la Península de Barú, en Cartagena de Indias, en Colombia; y el otro, registrado el 19 de junio, en barrio Obrero, resultando víctima el exdirector de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo.
Franco fue nombrado por medios internacionales como uno de los mandantes del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, como contribuyente de una “vaquita narco”, junto con su compadre Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, procesado por el caso A Ultranza.
Mientras que con relación a la muerte de Óscar González Olmedo, el mismo era director del penal de Tacumbú cuando se encontraron las sumas de dinero en la celda de Jaime Franco, que le valieron otra investigación penal y que se elevó a juicio. Franco inculpó a González de haber revelado y causado la intervención en el penal.
González Olmedo posteriormente denunció que recibió amenazas y en pleno Día del Padre, fue asesinado por sicarios, frente a su familia.