El juez penal de garantías Osmar Legal estudia el pedido de prisión preventiva del hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y del brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo, en una audiencia de imposición de medidas que se inició hace instantes. Es en el proceso por lavado de activos derivado de la tercera fase del Operativo Pavo Real Py.
Resulta loable precisar (a modo científico-jurídico), la pertinencia de la sociedad de riesgo, ante las diversas actividades jurídicas que rigen un sistema social. En tal sentido, el factor internacional ha dimensionado un parámetro de riesgos e inclusión financiera, bajo los vértices de las “Recomendaciones” 22º y 23º del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay comunicó que el Departametno de Justicia de EE.UU. donó a Paraguay una versión actualizada del software SAS a la Seprelad. Con este sistema, el Estado paraguayo podrá ofrecer un mayor control financiero. Esta ayuda se realiza bajo el compromiso del país norteamericano en su lucha contra la corrupción, lavado de dinero y el crimen organizado en Paraguay.
Resulta característico de los modelos de conducta que ocupan un análisis a partir de los delitos (fuente), que primeramente se ingrese al margen de un estudio de la “acción” de encubrimiento. Así, posteriormente, se busca (escalar) al sentido punible por la naturaleza jurídica del crimen autónomo. Ciertamente, el cambio copernicano que esto ha generado (dentro del derecho penal económico), nos revela un interés por establecer un concurso de delitos entre el lavado de activos y el delito (fuente). Es que, la doctrina ha captado una serie de adecuaciones “concursales” dentro de los tipos penales que pueden ser concursados (eventualmente), pues bien, nos ocupa el caso del lavado de activos y su objeto material que permite la secuencia de diversas situaciones dentro del “iter criminis”.
El exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy (60) y otros ocho van a juicio por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, en el caso A Ultranza, así lo dispuso la jueza Rosarito Montanía. Los mismos habrían desempeñado roles de control y envío de cocaína al exterior, así como ayudar para blanquear activos en entes cooperativos y mediante empresas.
La Seprelad recibió en el último año un total de 17.647 reportes de operaciones con sospechas de lavado de dinero, que representa un incremento del 47,9% con respecto al año anterior. La mayor parte de los reportes se dieron entre julio y diciembre, y el monto reportado en ese periodo fue por US$ 1.406 millones