9 de julio de 2026

El exsenador argentino Edgardo Darío Kueider afronta un nuevo proceso en Paraguay, esta vez por lavado de dinero. El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia dictó medidas reales sobre un total de seis departamentos que el legislador extranjero habría adquirido en nuestro país usando dinero presuntamente ilícito.
Indudablemente, el injusto de lavado de activos se va transformando conforme a su esencia y alcance transnacional, pues, como sabemos, este ilícito busca dar una “apariencia” de origen legítimo a bienes, que en realidad son el resultado de delitos fuentes, es decir, ocupan aquellos productos o “ganancias” de otros hechos punibles, lo cual agravia tanto a personas naturales como también a las jurídicas. En tal sentido, los últimos acontecimientos han demostrado una “nueva” modalidad para eludir todo efecto de control, puesto que las asociaciones criminales se han contactado con aquellos “sujetos” que fueron premiados por alguna “lotería” u otros sorteos de suerte.

La Cámara de Diputados está convocada hoy a sesión ordinaria las 9:00 con 22 puntos en el orden del día, entre ellos, una peligrosa reforma de la ley de comiso que, de prosperar, podría condenar a nuestro país a volver a la “lista gris” de países prósperos para el lavado de activos. También el proyecto para derogar el artículo que genera controversia sobre la inamovilidad de los ministros de Corte, aunque se sospecha que no habrá quórum.

El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno dictó el sobreseimiento definitivo de los directivos de Zeta Banco, del proceso por supuesto lavado de dinero en el marco del caso “Pavo Real II”. El Ministerio Público argumentó que los elementos incorporados en la etapa investigativa desvirtuaron parcialmente las hipótesis iniciales y generaron dudas sobre la participación dolosa o negligente de los imputados en el hecho punible.

La “Comisión garrote” del Congreso entregó este jueves al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, dos ejemplares de sus informes finales tras la persecución a sus enemigos políticos, como las organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y empresas.

José Insfrán, procesado por el caso “A Ultranza”, mediante su representante legal, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un formulario para solicitar medidas cautelares. Mediante este denuncia, reportan presuntos hechos de “tortura” y trato inhumano en la cárcel de Emboscada, donde lleva más de un año.