La reciente imputación dictada contra los expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez y Vicente Battaglia, por una supuesta lesión de confianza en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio para la institución de G. 61.000 millones, ha desencadenado reacciones.
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En declaraciones vertidas a ABC Tv tras tomar conocimiento de las actuaciones fiscales, el representante jurídico de Brítez, el abogado José Fernández, cuestionó las decisiones del Ministerio Público, calificando la orden de detención librada en contra de su defendido como un gravísimo “sinsentido procesal” y un acto abiertamente contrario al ordenamiento jurídico vigente.
Según explicó el letrado, la decisión del fiscal de la causa Julio Ortiz, resulta contradictoria al solicitar la detención preventiva mientras, en paralelo, se convoca hipotéticamente a una audiencia indagatoria para la cual ni siquiera han recibido una notificación formal.
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“Uno ordena la detención cuando el procesado no comparece habiendo sido citado legalmente. Ordenar la detención de una persona pública, con domicilio conocido y en el marco de una causa que estuvo paralizada durante dos años, no tiene razón de ser. Es un absoluto sinsentido jurídico”, aseveró Fernández.
Cuestionamientos a la Prisión Preventiva y vicios en la imputación
Respecto al eventual requerimiento de prisión preventiva, la defensa fue enfática en señalar la improcedencia legal de dicha medida cautelar de carácter personal.
Fernández recordó que Brítez cuenta con más de 70 años cumplidos, circunstancia que activa de pleno derecho la restricción contenida en el sistema penal paraguayo (Art. 238 del Código Procesal Penal), el cual prohíbe taxativamente la prisión preventiva para adultos mayores de esa franja etaria.
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Asimismo, el representante legal arremetió contra la redacción y construcción fáctica del acta de imputación presentada por la fiscalía ordinaria, asegurando que está elaborada de manera defectuosa.
Según Fernández, el escrito fiscal atribuye al expresidente la firma de supuestas adendas, pero omite detallar el contenido de dichos documentos, la relación de causalidad entre la conducta atribuida y el resultado investigado, o la precisión matemática del teórico perjuicio patrimonial presuntamente ocasionado.
“Es una imputación que no dice casi nada. Nos llama profundamente la atención que se persiga al Presidente de la institución —cuya función ejecutiva se limita a ejecutar las resoluciones adoptadas por la máxima autoridad, que es el Consejo de Administración— y no exista imputación alguna contra los consejeros. La causa tiene agujeros por todas partes”, enfatizó el abogado.
Defensa evalúa ruta procesal
Consultado sobre si el Dr. Brítez se presentará en las próximas horas ante los juzgados o alguna dependencia policial, el abogado aclaró que se encuentra abocado exclusivamente al análisis técnico y la revisión integral de la carpeta fiscal para determinar los mecanismos procesales más convenientes con los cuales atacar las irregularidades detectadas.
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Fernández concluyó señalando que su representado se mantendrá a disposición de la justicia, pero que cualquier decisión o comparecencia voluntaria se dará una vez que concluya el análisis legal exhaustivo y se defina una recomendación profesional responsable.