“Es crucial entender que el Fondo de Garantía de Depósitos no fue concebido para proteger a los saqueadores de recursos públicos ni a sus posibles cómplices dentro del Gobierno. Mucho menos para blanquear el robo del dinero del Estado mediante una utilización indebida de esta normativa”, enfatizó el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos ante uno de los peligrosos proyectos de ley planteados por el presidente de la República, Santiago Peña tras el caso Ueno Bank.
En su primera aparición a través de un posteo en redes sociales tras estallar el escándalo del caso Ueno, el presidente de la República había planteado una ley que otras vez buscaba meter mano a fondos de los ahorristas, pretendiendo cubrir el descalabro con fondos públicos y de cajas previsionales que su gobierno permitió que repartieran a mansalva a sus exsocios comerciales, los directivos de Ueno ahora detenidos.
Se trata del proyecto de ley “que establece la ampliación de la garantía de depósitos bancarios del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para la cobertura de la totalidad de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria denominada ‘Ueno Bank’”, que finalmente tras levantar todas las alarmas no fue tratado por el Congreso.
El mismo pretendía utilizar el FGD del BCP para cubrir el presunto desvío de unos US$ 855 millones que había depositado en Ueno hasta setiembre 2026, dinero que en realidad debería repararse de los presuntos vaciadores del banco.
Ante esto, Nicanor remarcó que la finalidad del Fondo de Garantía “es resguardar a los depositantes, no encubrir responsabilidades ni garantizar la impunidad”.
Tramposamente, Peña había descrito esta ley como una que “garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas”, que él mismo avaló concentrar en el banco -ahora en proceso de Resolución- de sus exsocios comerciales.
“Que el saqueo lo paguen los saqueadores, no el pueblo paraguayo”, insistió el exmandatario, exigiendo al Ministerio Público a hacer su trabajo e ir con “todo el peso de la ley contra todos los responsables, sean empresarios, banqueros, funcionarios o autoridades políticas”.
El Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) fue creado con el fin justamente de respaldar los depósitos de los ahorristas ante crisis como la generada por el gobierno de Peña con Ueno y está financiado con aportes de estos y de las entidades financieras.
Sin embargo, el proyecto de ley propuesto por Peña y que llegó a ser ingresado al Senado planteaba en su artículo 2º que a fin de cubrir los depósitos de 9 instituciones estatales y cajas de jubilaciones (incluido el IPS) “se utilizará el remanente de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se aplicarán después de calcular el aporte o garantía disponible en el proceso de resolución de la entidad bancaria “ueno bank”“.
Esto hubiese implicado prácticamente vaciar el Fondo de Garantía por el caso solamente de Ueno, dejando desprotegido al sistema para futuros casos.
Puntualmente, se pretendía cubrir con esta ley los fondos de las siguientes instituciones:
- Depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS)
- Depósitos de la Caja Fiscal
- Depósitos del Ministerio de Economía y Finanzas
- Depósitos de la Caja de Jubilados y Pensionados de Empleados de Bancos y Afines
- Caja de Jubilados y Pensionados de Itaipú Binacional
- Fideicomiso de Administración de Fondos del Sistema Compensatorio Jubilatorio de Trabajadores de la Entidad Binacional de Yacyretá
- Itaipú Binacional
- Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE
- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal.
“Salvataje con fondos públicos”
Ante el anuncio de este proyecto de ley, entre otras varias instituciones, el Partido Patria Querida (PPQ) había desnudado la verdadera intención del mandatario.
“La propuesta de usar el FGD para cubrir los fondos públicos no es una devolución. El dinero lo deben devolver tus cómplices que vaciaron un banco. Estás proponiendo blanquearte. Esto es un salvataje especial con dinero de terceros, con dinero de todos los paraguayos”, retrucó PPQ a través de su cuenta oficial en X.
Por su parte, el abogado Ezequiel Santagada también se sumó a la reacción de PPQ mencionando que “ni siquiera es un ‘salvataje’, ¡es un robo descarado del dinero de los ahorristas para pagar el desfalco de ueno al Estado y un debilitamiento estructural del sistema bancario paraguayo porque habrá mucho menos dinero para salvar a los ahorristas de otros bancos que eventualmente puedan tener problemas en el futuro!“.
También se sumó a varios otros sectores que se pronunciaron en contra de esta iniciativa, remarcando que el mensaje unánime de todos es “claro y contundente: No usen en FGD de depósitos para cubrir el mono que los delincuentes de ueno le dejaron al Estado”.
Atentado contra el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica
El abogado Carlos Trapani fue uno de los que explicaron el riesgo enorme que hubiese implicado esta ley de haber prosperado, ya que, según dijo, hubiese implicado “ni más ni menos que crearle reglas especiales a una entidad que ya está bajo un procedimiento”, lo que a su vez generaría “complicaciones muy severas desde el punto de vista del Estado de derecho y del punto de vista de la seguridad jurídica”.
Trapani también coincidió con Nicanor en que “ese proyecto de ley fue tachado de desvirtuar el fondo de garantías, de desvirtuar su finalidad, su uso, su propósito y orientarlo hacia uno distinto que como se ha dicho implicaría utilizar sus recursos para propósitos u objetivos que no son los que naturalmente dieron su origen”.
En lo que se refiere a atentar contra el Estado de Derecho, destacó que “las reglas rigen para el futuro y las reglas son generales, no son para nadie en particular”, es decir, no se pueden generar para un caso en particular como el de Ueno.
Pero sobre todo alertó que en casos de “emergencia” como se plantea en esta ocasión,“tenemos que tener mucho cuidado de otorgar cheques en blanco, que el Congreso no le autorice a cualquier entidad”.
Esto, ya que, de haber prosperado esta ley, se habilitaría “al Banco Central a tomar otras medidas que no tenemos idea de qué impacto van a poder tener”.