El 16 de junio de este año la Fiscalía acusó al exdiputado y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Gabriel Arévalo Zielanko (ANR-HC), por cohecho pasivo agravado (coima). Sin embargo, su audiencia preliminar se posterga por recursos planteados y pendientes de resolución, sobre la falta de entrega de copias de la carpeta fiscal y de la extracción de chats del celular del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, difundidos en la investigación #LaMafiaManda.
En ese sentido, ejerciendo su propia defensa, Orlando Arévalo presentó una reposición con apelación en subsidio contra una providencia emanada por el 19 de agosto último, por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú. a través de la misma solicitó, una vez más, la provisión de copias autenticadas de la carpeta fiscal.
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La audiencia para resolver esta cuestión, que el propio Arévalo calificó de mero trámite, aún no pudo realizarse debido a que el juez natural de la causa Humberto Otazú retorna el lunes 31 de agosto de su permiso, mientras era interinado por el juez Osmar Legal, quien se inhibió de entender en el caso por la cuestión de que fue él quien denunció la posible comisión de hechos punibles en los chats de Gomes con Arévalo, en febrero de 2025.
Entonces, una vez que retorne el juez Otazú se fijará fecha para la audiencia de reposición y resolverá según lo que corresponda en derecho. En caso de que rechace el planteamiento de Arévalo, en forma subsidiaria un Tribunal de Apelación analizará el recurso.
Pedidos de Orlando Arévalo de exclusión probatoria y nulidad están pendientes
El encausado Orlando Arévalo indicó que además de la referida presentación jurídica que está pendiente de resolverse, también hay otras que se encuentran aún carentes de resolución.
Entre los planteamientos que deben analizarse citó un incidente de exclusión probatoria, “específicamente de 130 documentales que fueron ofrecidas y que no son conducentes como pedidos de informe -oficios, notas-, declaraciones indagatorias, citaciones y demás”.
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Según calificó el propio Arévalo, “este tipo de documentaciones abultan sin sentido alguno el caudal probatorio”. Ese planteamiento debe resolverse al tiempo de sustanciarse la audiencia preliminar, que se podrá resolver una vez que se destrabe el caso con la resolución de otros planteamientos.
Así también, Arévalo indicó que debe resolverse “un incidente de nulidad absoluta del procedimiento, que se tiene que tratar en la audiencia preliminar”.
Este último pedido, según el escrito presentado el 1 de agosto por Arévalo, es en “atención a que tanto la denuncia inicial como el acta de imputación del 15 de diciembre de 2025 y el requerimiento de acusación se fundan de forma exclusiva en un montaje fáctico con fines de persecución política y blindaje criminal ante el JEM”.
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Añadió que el juez (Osmar Legal) inició la denuncia “con filtraciones ilegales probadas por certeza técnica y cotejo de sellos de cargo diferenciados el 3 de febrero de 2025 ante medios periodísticos, previas al acceso de las partes y en informaciones obtenidas mediante una extracción ilegal y clandestina sin orden judicial previa demostrada científicamente por el software Cellebrite UFED el 22 de agosto de 2024”.
Juzgado y cámara rechazaron recursos de Orlando Arévalo
Cabe señalar que, Orlando Arévalo ya planteó otras reposiciones ante Otazú, una de ellas ofreciendo el diligenciamiento de medios de prueba complementarios y la provisión de una copia espejo del archivo resultante de la extracción de los chats del celular de Eulalio “Lalo” Gomes.
Dicha reposición fue rechazada por el Auto Interlocutorio (AI) N° 262, señalando que hay cuestiones que se deben estudiar al momento de la audiencia preliminar, y confirmada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, integrada por Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Arnulfo Arias, mediante el AI N° 242 del 28 de agosto.
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En otro recurso presentado por Orlando Arévalo, había invocado como agravios la afectación del derecho de defensa, de la igualdad de armas y del control de la prueba, afirmando que se encontraba imposibilitado de acceder adecuadamente a la evidencia digital. Su planteamiento fue rechazado por Otazú mediante el AI N° 263 y confirmado por la Cámara de Apelaciones a través del AI N° 240, del 26 de agosto.
#LaMafiaManda: acusaron por presunta coima a Orlando Arévalo
Según lo investigado por la Fiscalía, Orlando Arévalo solicitó y aceptó que el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes endosara tres cheques por un total de G. 202.000.000 para servir como garantía de un crédito personal que el procesado no podía obtener por su cuenta, a cambio de utilizar su posición en el JEM para favorecer a la agente fiscal Stella Mary Cano en un proceso disciplinario.
Asimismo, la investigación que fue sustentada en la extracción de chats de WhatsApp del teléfono de Gomes, determinó que “el pacto” se cumplió mediante el voto a favor de un apercibimiento para la fiscal. Asimismo, se apunta a Guido Díaz como cómplice y gestor de la operación crediticia.
Lalo Gomes pidió a Arévalo por fiscala enjuiciada
El caso de los cheques data del 8 de septiembre del 2023, mientras que 3 días después, el 11 de septiembre de ese año, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada en esos momentos.
Mientras “Lalo” intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.
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El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: “Felicidades!” al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional. Cano renunció este año al Ministerio Público y se encuentra imputada por presunta persecución de inocentes.