La Fiscalía acusó al exdiputado Orlando Arévalo en base a los hechos que derivaron de la investigación iniciada tras lo ocurrido el 19 de agosto de 2014, cuando una comitiva fiscal y policial realizó allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero, específicamente en la casa del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes y en la de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, por el caso Pavo Real Py. En el primer procedimiento perdió la vida el legislador al enfrentarse con la Policía Nacional.
Como prosecución de esos procedimientos se incautaron los celulares del diputado Lalo Gomes y los de su hijo, los cuales fueron sometidos a pericia forense para extraer la información contenida en ellos. Los datos resultantes de la diligencia fueron puestos a disposición del juez de la causa, Osmar Legal, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado.
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El magistrado verificó el contenido a modo de garantizar que se haya sido extraído lo que es netamente relevante y conducente para la pesquisa. En ese proceso detectó la posible comisión de hechos punibles a través de los chats que mantuvo Eulalio “Lalo” Gomes con legisladores, jueces, fiscales y otras personas más.
Entre esos chats de WhatsApp estaba el del entonces diputado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlado Gabriel Arévalo Zielanko. Esas conversaciones se filtraron y nuestro diario los expuso a través de la investigación denominada #LaMafiaManda, desde el 3 de febrero de 2025.
Orlando Arévalo fue procesado por sus chats con Lalo Gomes
Luego de que se hayan difundido las conversaciones del legislador Eulalio “Lalo” Gomes, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de causas penales y la conformación de un equipo fiscal con los agentes Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez.
Los agentes del Ministerio Público imputaron a Orlando Arévalo y a Guido Javier Díaz Domínguez el 12 de diciembre de 2025, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de autor y cómplice, respectivamente. Tras las diligencias y cumplido el plazo ordinario, presentaron acusación el 16 de junio de 2026 en contra de ambos.
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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, ahora debe resolver la admisión de la acusación y convocar para una fecha determinada a los acusados Orlando Arévalo y Guido Díaz.
Lalo Gomes actuó como acreedor de Arévalo a cambio de un favor
De acuerdo con lo que señala la acusación fiscal, el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del JEM, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes el endoso de tres cheques por valor total de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por Gomes, consistente en ayudar a una persona que estaba enjuiciada en el órgano.
Establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.
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En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió que le envíe fotos de los cheques, a lo que Arévalo le remitió imágenes de las hojas de cheque a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando G. 202.000.000.
El 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le consultó a Eulalio Gomes si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que este le respondió que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya endosados.
Lalo Gomes intercedió en favor de fiscala enjuiciada
Ese 11 de septiembre, Lalo Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le pidió que reciba a la entonces fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00 en su casa, ubicada en Lambaré. La fiscala Cano estaba enjuiciada y el 12 de ese mes se trataba su caso en el JEM.
Al tiempo en que Lalo Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz también le avisaba que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.
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Posteriormente, 3 de noviembre de 2023, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Lalo Gomes para pedirle que interceda en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano felicitándole e informándole que se reunió con Orlando Arévalo. El 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano, pero al dictar sentencia resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento.
Orlando Arévalo lesionó su deber como juez, sostiene Fiscalía
Con base a la información reunida durante la investigación, los fiscales fundamentaron su acusación contra Orlando Arévalo por cohecho pasivo agravado (coima), señalando que el mismo reunía el requisito especial del autor para que su conducta se subsuma dentro del hecho punible.
Se debe señalar que Arévalo fue acusado por lo que penaliza el artículo 301 del Código Penal, cohecho pasivo agravado, inc. 1° -que refiere al funcionario- y inc. 2º -que refiere al juez o árbitro- en cuanto a la solicitud y aceptación de un “beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o que realizará en el futuro”.
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Así se tiene que, Orlando Arévalo era por entonces un diputado nacional y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos del cual incluso fue presidente. En este sentido, se constituía como juez, en atención a que el art. 301, inc. 2° no distingue qué tipo de juez se refiere la norma, pudiendo comprenderse incluso en su acepción más amplia, según la Fiscalía.
En cuanto a las alternativas del tipo penal, de solicitar o aceptar, “se tiene corroborado que Orlando Arévalo, el 8 de septiembre de 2023 solicitó y posteriormente aceptó de parte de Eulalio Gomes, el endoso de tres cheques por valor de Gs. 202.000.000”, lo que está documentado en los chats de WhatsApp.
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Los fiscales señalan que “la doctrina considera beneficio a cada ventaja, cada mejora objetiva, material o inmaterial, de la situación del funcionario”, y en este caso en específico, “la ventaja proporcionada por Eulalio Gomes no se limitó a dicho endoso”, ya que también se contactó con Guido Diaz para que facilite el crédito a Arévalo.
A ello se suma que, tras pedir el endoso de los cheques por G. 202.000.000, accedió y se comprometió a intervenir en el enjuiciamiento de la fiscala Stella Mary Cano, con quien incluso se reunió a pedido de Eulalio “Lalo” Gomes. Todo ello se corrobora y se confirma –para la Fiscalía- con el mensaje de felicitaciones dirigido por Lalo Gomes a Stella Mary Cano por solamente ser apercibida por el JEM.
En tanto que, para el tipo penal del cohecho pasivo agravado, inciso 2°, se requiere que el acto de servicio a ser prestado lesione los deberes del juez o árbitro, es decir, que no actúe conforme lo exige las funciones del cargo cuyos deberes se establecen por norma y otros ordenamientos.
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Teniendo en cuenta todo ello, la Fiscalía sostiene que un juez toma su decisión, según le exige la ley exige, “el estudio del mérito de la prueba y la fundamentación fáctica y jurídica, es decir, exige una motivación basada en las circunstancias acontecidas en el proceso, por lo que, si la decisión de uno de sus miembros lo realiza como condición de un compromiso o acuerdo previo, sin el estudio de mérito, sin la valoración de todas las pruebas y la fundamentación correspondiente, es un acto que lesiona sus deberes”.
Con ello la Fiscalía concluyó que Arévalo lesionó sus deberes al asumir el rol de juzgador como miembro del JEM y, además, actuó con dolo porque “ha seleccionado los medios idóneos para alcanzar ese fin y han dado a sus acciones el impulso necesario para ello”.