Una vez más, la infraestructura del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra en el centro de la polémica y el descontento ciudadano tras un nuevo episodio de negligencia y precariedad. Un grupo de personas, entre las que se encontraba una mujer embarazada, quedó atrapado durante varios minutos en uno de los ascensores del edificio principal.
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El hecho, ocurrido durante la tarde de este miércoles en el séptimo piso, volvió a encender las alarmas sobre las vulnerabilidades a las que se exponen a diario miles de pacientes, adultos mayores, mujeres encintas y familiares que acuden al principal centro médico del seguro social.
Según los reportes, tras producirse el bloqueo mecánico del elevador, los afectados intentaron activar los protocolos de urgencia, pero la respuesta fue muy lenta, lo que provocó el pánico de quienes quedaron atrapados. Desde el IPS argumentaron que la traba duró unos diez minutos y que el personal técnico acudió para liberar la puerta de forma inmediata.
Falta de mantenimiento de ascensores en IPS: problemática repetida
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de una larga cronología de fallas que arrastra la previsional. Los problemas con los elevadores son una constante histórica y de preocupación en el Hospital Central. En octubre de este mismo año, cuatro personas ya habían vivido otra “pesadilla” al quedar encerradas por más de 20 minutos en uno de los elevados del IPS.
Desde el IPS precisaron a ABC que actualmente seis de los 20 elevadores del Hospital Central se encuentran fuera de servicio y que se espera un nuevo llamado a licitación. El pasado 27 de agosto, el Consejo de Administración aprobó rescindir unilateralmente el contrato con la firma Renfe S.A. (representada por Sebastián Santiago González Morillas).
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La decisión se dio en medio de fuertes cuestionamientos gerenciales y un trasfondo judicial que salpica al expresidente del IPS, Jorge Brítez. Según los antecedentes expuestos en esa ocasión, la empresa fue adjudicada en tres ocasiones pese a presentar el precio más alto y arrastrar cuestionamientos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).