Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), de esta mañana, uno de los ejes centrales de análisis y debate giró en torno al estado crítico de los elevadores del Hospital Central y el destino contractual vinculado a la empresa Renfe SA, que tiene como representante legal a Sebastián Santiago González Morillas.
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Ante la situación de deterioro y las exigencias del servicio, la recomendación técnica y legal presentada al Consejo, liderado por Isaías Fretes, consistió en disponer de manera formal la rescisión unilateral del contrato suscrito con la firma Renfe SA. Esta firma -según había expresado Fretes anteriormente- había ganado el proceso en tres ocasiones, pese a presentar el precio más alto y contar con cuestionamientos ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Desnudar a un santo para vestir a otro”: La alternativas de cobertura para el Hospital Central
Durante el desarrollo del debate, los consejeros expusieron sus profundas preocupaciones respecto a los plazos y la operatividad inmediata que demanda un servicio tan vital para los asegurados como lo son los ascensores del Hospital Central. Se advirtió de manera enfática que la rescisión del vínculo con Renfe SA se sustenta estrictamente en el “interés público”.
En medio de las deliberaciones, varios integrantes del consejo manifestaron su inquietud sobre la falta de operatividad inmediata de los equipos.
Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística explicó: “Lo que estamos proponiendo es la rescisión del contrato unilateral por interés público”. Sobre los plazos de reanudación del servicio, explicó que la intención es “solicitar la utilización del contrato que tenemos vigente con el área interior para cubrir de manera provisoria el Hospital Central mediante una adenda, mientras se convoca a un nuevo proceso licitatorio”.
La gravedad de la situación financiera y logística provocó reflexiones críticas. Isaías Fretes expresó abiertamente su descontento con la maniobra logística requerida al señalar: “Qué mal que estamos económicamente como para desnudar a un santo para vestir a otro”.
El consejero Jimmy Jiménez, representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), expresó por su parte que los ascensores constituyen una necesidad impostergable al momento de solicitar un llamado a licitación por la vía de la excepción.
La gerente de Abastecimiento, Cecilia Rodríguez, respondió que la empresa prestataria del interior podría negarse a ampliar su cobertura hacia el área central, y en ese caso, la alternativa de respaldo es recurrir a la vía de la excepción. Recordó sin embargo, que “la vía de la excepción es por un corto tiempo, máximo de tres meses”, tiempo que debe ser utilizado para realizar la licitación pública nacional.
El caso de Jorge Brítez y la adjudicación de ascensores
En paralelo a las discusiones administrativas y resoluciones adoptadas en el seno del Consejo del IPS sobre los contratos de mantenimiento, la gestión anterior vinculada a estas licitaciones ha cobrado enorme notoriedad en el ámbito judicial.
El pasado 20 de agosto, el Ministerio Público abrió una segunda causa penal contra el expresidente del IPS Jorge Brítez, así como a otros exfuncionarios clave de su administración, tales como el exgerente de Abastecimiento Jaime Caballero, además de José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Esta investigación penal específica está centrada en presuntas irregularidades, producción de documentos no auténticos y un perjuicio patrimonial estimado en más de G. 3.500 millones en el marco de la adjudicación y gestión de los servicios de mantenimiento de ascensores del Hospital Central del IPS durante la administración de Brítez, que inició en agosto del 2023 con la asunción de Santiago Peña como presidente de la República y finalizó el pasado 20 de abril, tras su renuncia.
Esta causa se encamina en paralelo al proceso penal abierto sobre el presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones por obras de quirófanos modulares, en el que Brítez está imputado por lesión de confianza.