El Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la sede de la Presidencia y otras dependencias administrativas de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la investigación sobre las colocaciones de fondos de la previsional en Ueno Bank.
El procedimiento estuvo encabezado por los fiscales Cristian Ortiz, Silvia González y Verónica Valdez.
Al término de la intervención, el fiscal Cristian Ortiz detalló que la comitiva actuó con orden del Juzgado Penal de Garantías para retirar los legajos sobre los procesos de contratación, reglamentaciones y dictámenes jurídicos que viabilizaron las operaciones financieras, abarcando tanto Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) como bonos y el mantenimiento de cuentas corrientes operativas.
Además, los intervinientes se llevaron un teléfono celular usado por el presidente del IPS, informó prensa de Fiscalía.
“El Ministerio Público se encuentra cotejando, analizando la adecuación normativa de todas estas colocaciones de fondos dentro de Ueno Bank”, señaló Ortiz, al tiempo de aclarar que la causa atraviesa una etapa incipiente y bajo reserva, por lo que no se pueden precisar aún las fechas exactas de los depósitos ni confirmar futuras imputaciones.
Consultado sobre la naturaleza de los papeles retirados, el agente enfatizó: “Son todos los documentos que hacen al proceso de contratación y a las reglamentaciones que hicieron viables justamente la colocación de estos fondos”.
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Asimismo, confirmó que los legajos ya están siendo remitidos a la sede fiscal. “Toda la documentación está siendo incautada, todo el proceso de licitación, todos los documentos que se requieren para evaluar justamente las colocaciones de fondos han sido incautadas en este momento”, dijo.
Respecto a los montos globales bajo análisis, ambos representantes del Ministerio Público coincidieron en manejar cifras estimativas cercanas a los US$ 500 millones, aunque advirtieron que los números finales dependen de la pericia contable.
“Ellos lo que nos dijeron aproximadamente es algo así como cerca de 500 millones de dólares, pero es lo que nos mencionaron y obviamente está pendiente de corroboración y obviamente dependemos de eso para poder cerrar esos números”, puntualizó Ortiz.
Por su parte, la fiscala Silvia González explicó que equipos fiscales se constituyeron de forma simultánea en otras dependencias de la previsional para reconstruir el circuito administrativo desde la Dirección de Inversiones.
Sobre el alcance de las eventuales responsabilidades penales de expresidentes, consejeros o exasesores jurídicos de la institución, González sostuvo: “Nosotros no descartamos nada, todo va a ser analizado”.
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En la misma línea, indicó que ya se tomaron declaraciones testimoniales “con gente que consideramos que tenían un conocimiento acabado de la situación”, aunque aclaró que no hay imputados porque toda la documentación tiene que ser analizada.
La agente también confirmó que este operativo no responde a un expediente aislado, sino que forma parte de la causa abierta contra el exmandatario Santiago Peña a raíz de una denuncia presentada por senadores y diputados.
“Esto nosotros estamos incorporando dentro del marco de la investigación de Santiago Peña porque justamente uno de los puntos de la investigación y de los hechos atribuidos tratan de estos fondos públicos”.
Finalmente, al ser consultados sobre una reciente reunión con la nueva fiscal general del Estado interina y posibles demoras en el expediente, González afirmó que la directiva institucional es continuar con las diligencias.
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Ortiz concluyó asegurando que “en el marco de esta causa penal al menos, que es la que se lleva contra el expresidente de la República, no han habido retrasos algunos en ninguno de los procedimientos”.
