La institución exigió una investigación exhaustiva sobre el actuar de los órganos estatales encargados de velar por la seguridad de la joven de 22 años asesinada en Lambaré. Los cuestionamientos al actuar protocolar son varios debido a que la joven víctima ya había denunciado a su agresor, Aldo Alexis Duarte Moreira, y este contaba con una medida judicial de restricción de acercamiento vigente al momento del ataque.
Fallas en el sistema de protección
A través de un pronunciamiento oficial, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante lo que considera una clara evidencia de la vulnerabilidad del sistema frente a las denuncias por violencia de género. “Una denuncia de violencia debe activar una respuesta inmediata y efectiva del Estado. Ninguna mujer debería perder la vida después de haber acudido a las instituciones en busca de protección”, enfatizó Ávila Macke.
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La institución instó a las autoridades competentes a determinar si existieron negligencias, omisiones o fallas operativas en la aplicación y el seguimiento posterior de las medidas de protección que debían resguardar la vida de Deisy Paola.
Trabajo en conjunto efectivo y real
El caso expone la necesidad de dinamizar la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, de modo de prevenir la reincidencia y la escalada de violencia.
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En ese sentido, para el organismo defensor, la protección de las mujeres no debe limitarse a una mera obligación en los papeles o a la emisión de una orden de restricción, sino que debe traducirse en una garantía real de vida y seguridad, según expresaron en el comunicado difundido esta mañana.