14 de octubre de 2026

A raíz del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, la Defensoría del Pueblo cuestionó la efectividad de las garantías vigentes. Pese a que la víctima había denunciado a su agresor y contaba con una orden judicial de alejamiento, el sistema no impidió el mortal desenlace. “Ninguna mujer debería perder la vida después de acudir a las instituciones”, recriminó la institución a través de un comunicado oficial.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados envió una nota en la que convoca al Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, para comparecer en el marco de la visita realizada por la institución y el titular de la misma a la Agrupación Especializada, donde estuvieron recluidos 30 manifestantes de Gen Z.

Representantes de víctimas de la dictadura stronista (1954-1989) acampan frente a la Defensoría del Pueblo y exigen la destitución del titular del ente, Rafael Ávila Macke, por supuestamente ignorar o rechazar los pedidos de indemnizaciones que tramitan. Desde el ente instan a las víctimas a no confiar en gestores.

Desde la Defensoría del Pueblo afirman que la imputación y el pedido de desafuero contra Rafael Ávila Macke no tienen sustento legal, ya que la orden judicial, sobre la cual actuó la Fiscalía, fue cumplida en su totalidad. La institución no descarta plantear la nulidad del proceso si este sigue adelante.

La agente fiscal Mercedes Vera solicitó a un Juzgado Penal de Garantías el desafuero de Rafael Luis Ávila Macke, defensor del Pueblo, por una causa en la que una mujer con cargo de directora general y que contaba con cargo permanente dentro de la institución fue desvinculada.