“Quedan exceptuados los ordenadores de gastos (...) los funcionarios del Congreso Nacional y la Honorable Cámara de Senadores, quienes (...) percibirán el beneficio de acuerdo a la reglamentación institucional”, reza textualmente la Ley del PGN a partir del ejercicio fiscal 2025, específicamente sobre el rubro 133 de “bonificaciones”.
Esta modificación abrió una canilla para el derroche de recursos públicos bajo el ropaje de sobresueldos por “responsabilidad” y “servicios especiales”, otorgados con la simple firma del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
Precisamente, Núñez encabezaba el reparto con una bonificación propia de G. 21 millones mensuales, beneficio al que se vio forzado a renunciar tras ser expuesto ante la opinión pública. En un intento por aplacar la indignación ciudadana, anunció un proyecto de ley para eliminar estos privilegios en los tres poderes del Estado; sin embargo, hasta ayer la iniciativa no ha ingresado oficialmente ni existen rastros de una intención concreta.
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Por su parte, la Cámara de Diputados excluyó de su orden del día del próximo martes 31 de marzo el plan de recorte de gastos, luego de que la sesión pasada quedara sin quórum, dilatando cualquier ahorro real.
Lo cierto es que Núñez omitió contar que él mismo lideró la ingeniería presupuestaria para habilitar este esquema en favor de la estructura bajo su mando. Solo el año pasado, esta maniobra del Senado desangró a los contribuyentes más de G. 17.979 millones.
El senador es hermano del exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado cartista, Óscar “Ñoño” Núñez, condenado en primera instancia por la Justicia a 11 años de cárcel, tras el desvío de más de G. 42.500 millones de fondos públicos cuando era jefe departamental.
El origen del “derroche” de casi G. 18.000 millones
El análisis comparativo de las leyes de presupuesto evidencia que el beneficio exclusivo para el Congreso apareció recién en el PGN 2025, coincidiendo con el inicio de la gestión plena de Núñez en la Presidencia del Poder Legislativo.
Mientras que en la Ley N° 7228 (PGN 2024) este privilegio no existía, en la Ley N° 7408 (PGN 2025) el texto fue alterado para blindar los sobresueldos, una práctica que se consolidó en el presupuesto del presente año.
Los documentos revelan un dato aún más grave, ya que la modificación no nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni de la Cámara de Diputados, sino del propio Senado.
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Los proyectos originales del Poder Ejecutivo mantenían topes del 30% para cargos específicos bajo controles generales.
Sin embargo, la Cámara Alta se “autoexceptuó” para otorgar a “Bachi” superpoderes para repartir millonarios montos de manera completamente discrecional, amparado únicamente en reglamentos internos hechos a medida.