El pasado jueves tuvo entrada en Diputados el proyecto de ley con media sanción del Senado “que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”, que deberá ser contrastado con el planteado en Cámara Baja casi en paralelo.
En Diputados se planteó el proyecto de ley “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”, que tiene agregados relevantes, aunque algunos de ellos ya establecidos en la Ley Ley Godoy, la N° 6622 que “Establece Medidas de Racionalización del Gasto Público”.
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La versión Senado es la que menos toca, ya que únicamente prohíbe las escandalosas bonificaciones como la que se autoasignó el presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y que también repartió a sus cercanos.
Solo Bachi cobraba al mes G. 21 millones en bonificaciones por manejar dinero en el Congreso, lo que elevaba su salario mensual a G. 63 millones, mientras el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos pedía a la ciudadanía ajustarse los cinturones.
Otro hecho relevante del proyecto del Senado es que la limitación solo afecta para lo que queda de este año. Es decir, el próximo año en el Presupuesto de Gastos de la Nación 2027 pueden restituir los escandalosos beneficios, con el colmo de que el Senado tiene la última palabra en el debate en el Congreso.
Ni uno de los proyectos toca por ejemplo a los directores de la Binacionales.
Versión Diputados tiene sus claroscuros
El proyecto de ley de la Cámara Baja, si bien recorta más rubros que el Senado, al menos en su versión original excluye de los recortes a los Gobernadores e Intendentes, en pleno año de elecciones municipales.
La versión Senado si los incluye en los recortes y en Diputados se estaba analizando que también se los alcance. Un agregado relevante, que ya está en la Ley Godoy pero no se cumple es que nadie gane más que el presidente de la República, para evitar excesos como el de Bachi.
Los recortes a bonificaciones tampoco afectarán a funcionarios de menor rango, salvo que excedan el salario del presidente de la República.
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La versión Diputados puntualmente plantea estas restricciones:
- Remuneraciones u honorarios superiores al estipulado para el Presidente de la República, con excepción de funcionarios que presten servicios en el exterior;
- Bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para funcionarios que ejerzan cargos de conducción política o de alta dirección, incluyendo, entre otros: Presidente y Vicepresidente de la República; Senadores y Diputados; Ministros y Viceministros del Poder Ejecutivo; Ministros de la Corte Suprema de Justicia; Fiscal General del Estado; autoridades de entes descentralizados como ser Presidente, Gerentes, Consejeros y demás cargos de similar jerarquía.
- Seguro médico privado o medicina prepaga para las máximas autoridades de los OEE y miembros de órganos colegiados.
- Provisión de combustibles para autoridades superiores y miembros de órganos colegiados, salvo en casos debidamente justificados por funciones operativas.
- Provisión de alimentos, obsequios, arreglos florales, tarjetas y gastos protocolares no esenciales, con excepción de la provisión de alimentos a los centros asistenciales de salud.
- Publicidad estatal en medios masivos de comunicación, salvo en casos de emergencia nacional, campañas de salud pública, educación, procesos electorales, llamados a licitación o promoción de servicios estatales.
- Publicidad o comunicación en obras públicas que incluya nombres o promoción personal de autoridades.
- Remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo (el famoso “presentismo”).
Influencers y alquileres
Cabe aclarar que la pretendida restricción de gastos en publicidad estatal no impedirán por ejemplo el escandaloso gasto de US$ 1,5 millones para que influencers que promocionen al gobierno o unos US$ 4,4 millones para alquiler de vehículos, ambos a través de Itaipú.
Esto ya que ninguno de los proyectos afecta a las binacionales, y este y otras escandalosas licitaciones se hacen precisamente a través de la Entidad Binacional Yacyretá, Itaipú o su fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI) justamente para puentear a Contrataciones Públicas y Contraloría.
Un dato no menor es que el propio presidente de la República, Santiago Peña defendió dicho derroche.
Evitar “puenteo” a través del PGN
Un agregado interesante que se plantea en Diputados es que se impone una prohibición para evadir los topes y restricciones a través de la Presupuestos Anual, que al ser también ley, es usada para anular otras disposiciones.
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“Queda expresamente prohibido que el Presupuesto General de la Nación o cualquier normativa reglamentaria establezca excepciones, criterios discrecionales o mecanismos indirectos que permitan el otorgamiento de beneficios económicos prohibidos por la presente ley. Toda disposición en contrario será inoponible y carecerá de eficacia jurídica”, sugiere el proyecto de Diputados.
Se pateando hace tres semanas
El cartismo tiene y utiliza su mayoría en ambas cámara del Congreso para atropellar y apurar cualquier ley que sea de su interés, el cual no es este caso.
Ambos proyectos fueron presentados de manera rimbombante el 24 de marzo pasado y no hay apuro aparente para que sean sancionados. Hay casi nulas chances de que Diputados trate el martes 14.
Atendiendo a que la versión Senado ingresó recién el jueves, esta no ha pasado aún por comisiones y de hecho, el propio proyecto de Diputados aún no tiene dictamen de ninguna comisión y se siguen debatiendo sus eventuales modificaciones.
Este lunes, si hay intención se podría debatir en comisiones ya que el reglamente de Diputados, exime del trámite burocrático de dar entrada a los proyectos girados en una sesión del pleno. Es decir, una vez que tienen mesa de entrada directamente pasan a las comisiones.
De todos modos, ya no figura en el orden del día de la ordinaria convocada para las 9:00 del martes, y al igual que la semana pasada, cartistas como el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, están analizando plantear su tratamiento en una extraordinaria ese día.
Supuestamente no se convocó aún a dicha extraordinaria porque quieren asegurar que haya acuerdo de la mayorìa para asegurar que no se quede sin quorum, tal como ya se volvió costumbre en la Cámara Baja.
En las últimas dos sesiones ordinarias, no llegaron a tratar ni un punto del orden del día de la ordinaria por culpa de las ausencias masivas.
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Nula meaculpa
Incluso pese a la aprobación de estas modificaciones ni una de las cámaras del Congreso se lavan la cara ante la ciudadanía, ya que es una señal mínima ante numerosos abusos sistemáticos.
A mediados de 2023, en ambas cámaras del Congreso se dio entrada a centenares de nepobabies (familiares de legisladores) en el Poder Judicial, los cuales siguen campantes cobrando millones.
Para colmo de los colmos, el viernes, al senador cartista Basilio “Bachi” Núñez rechazó categóricamente la posibilidad de devolver los millones cobrados en bonificaciones al margen de la ley.