La nota oficial del Ministerio Público fue enviada el 19 de mayo, 11 días después de la renuncia de Hernán Rivas (ANR, HC) al Senado. En la misma, Emiliano Rolón confirma la existencia de una denuncia presentada por la agente fiscal Patricia Sánchez y admite que se activó un protocolo de protección y seguridad.
No obstante, el Ministerio Público se negó a precisar si algún integrante del Congreso fue identificado como presunto responsable de las amenazas.
El pedido de informes había sido impulsado por el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), y aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores el pasado 15 de abril mediante la Resolución N.º 1724.
Rolón evita confirmar si Hernán Rivas fue mencionado
Uno de los puntos más resaltantes del requerimiento legislativo buscaba establecer si en la denuncia formulada por Patricia Sánchez se identificaba a algún integrante del Senado como presuntamente involucrado en los hechos investigados.
Sin embargo, en su respuesta, Emiliano Rolón evitó mencionar nombres y alegó que la información posee carácter reservado conforme a la Ley 4083/2011 y al protocolo institucional de protección a fiscales y testigos.
La posición del fiscal general contradice versiones extraoficiales conocidas semanas atrás, según las cuales la fiscala habría mencionado al exsenador Hernán David Rivas como presunto responsable del amedrentamiento.
En aquel documento no oficial, sí se hacía referencia a Rivas, mientras que la contestación oficial remitida al Senado omite cualquier identificación.
La omisión alimenta nuevas dudas sobre el alcance de la investigación y sobre el nivel de transparencia del Ministerio Público en un caso que involucra presuntas presiones políticas sobre una representante fiscal. Más aún, luego de conocerse que Rolón formó parte del plantel docente de la Universidad Sudamericana, la casa de estudios que expidió un título de abogado a Hernán David Rivas Román sin que haya cursado la carrera de Derecho, según la investigación de la fiscala Sánchez.
Sánchez ingresó a programa de protección
Pese a las reservas invocadas, la Fiscalía reiteró que el 31 de marzo de 2026 recibió una presentación formal de Patricia Sánchez, entonces fiscala interina de la Unidad Penal N.º 5 de Asunción.
Según la nota firmada por Rolón, la agente comunicó hechos que “podrían constituir actos de amedrentamiento para condicionar el ejercicio de sus funciones y el uso de la facultad recursiva institucional”. El documento añade que la advertencia de riesgo habría sido transmitida “a través de un tercero”.
Tras la denuncia, el Ministerio Público activó el protocolo de urgencia previsto en la Resolución F.G.E. N.º 3197/2024 y dispuso el ingreso de la fiscala al Programa de Protección a Testigos y Víctimas.
Las medidas de seguridad quedaron a cargo de la Policía Nacional y bajo monitoreo de la Jefatura de Seguridad de la Fiscalía General del Estado.
Senado había pedido detalles concretos sobre amenazas
La resolución aprobada por el Senado requería específicamente: los antecedentes de la denuncia formulada por Patricia Sánchez, la precisión sobre si algún senador aparecía involucrado, las medidas de protección adoptadas y el envío digital de toda la documentación relacionada.
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El texto daba un plazo de 15 días hábiles al Ministerio Público para responder, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional.
Aunque la Fiscalía contestó dentro del plazo, la respuesta es considerada insuficiente debido a que evita responder de manera puntual el aspecto central del pedido: si existió o no una denuncia contra un miembro de la Cámara Alta.