El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15° Turno, a cargo de la jueza Rossana Frutos Olguín, condenó al Estado paraguayo a pagar a Marcelo Manuel Romero la suma de G. 221.807.288, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, ya que por un error judicial cumplió prisión preventiva por 22 meses en un proceso penal por robo agravado, siendo inocente del caso.
La magistrada hizo lugar a la demanda promovida en diciembre de 2022 por Marcelo Manuel Romero, quien solicitó la indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante, daño moral, psicológico o psiquiátrico en su proyección de vida; y exigió la suma de U$S 300.000 o su equivalente en guaraníes (G. 2.100.000.000), según resalta parte de la sentencia definitiva dictada en la fecha.
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En su demanda, Romero argumentó que fue privado de su libertad en forma arbitraria o ilegal por el lapso de 22 meses, desde el 24 de abril de 2019 hasta el 8 de febrero de 2021, en el marco de un juicio penal sobre robo agravado.
En dicha causa, por Auto Interlocutorio N.º 64 de fecha 08 de febrero de 2021, el Tribunal de Sentencia hizo lugar al incidente planteado al inicio del juicio oral por la entonces fiscal Natalia Cacavelos (actualmente jueza de Sentencia de la Capital), resolvió el sobreseimiento definitivo del Marcelo Romero y ordenó su inmediata libertad.
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La jueza Rossana Frutos Olguín concluyó que en la presente causa se demostró la existencia de un daño ocasionado a la víctima, por lo que resolvió que corresponde establecer un daño moral por la suma de G. 150.000.000, más intereses hasta noviembre de 2022, lo que asciende a G. 221.807.288 que el Estado debe pagar ahora.
Prisión “injusta y arbitraria” por casi dos años
En la demanda Manuel Romero relata que se encontraba en la República Argentina cuando se enteró, a través de los medios de comunicación y sus familiares, que supuestamente estaba involucrado en un robo agravado ocurrido en el año 2012, sin siquiera haber estado en Paraguay al momento del hecho ocurrido.
“Para poder probar mi inocencia regresé al Paraguay. Me presenté en la comisaría y el Juzgado Penal de Garantías dispuso mi prisión preventiva, en fecha 24 de abril de 2019. En mi contra solo había un parte policial y la víctima no me reconoció, como debía ser, si no estaba en el lugar de los hechos, siquiera en el país”, relató en demandante en parte del escrito presentado ante el juzgado.
Romero agregó que durante su “injusta y arbitraria” privación de libertad pasó todo tipo de peligros, además de hambre y frío, en una penitenciaría donde convivían personas procesadas con condenadas, entre las que ocurría todo tipo de violencia, llegando incluso a la muerte en algunos casos, siempre según el relato del demandante en el escrito presentado bajo patrocinio de la Abg. Raquel Talavera.
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Puntualizó también que la defensora pública que lo representó durante el proceso jamás encontró una salida a su injusta privación de libertad, ni ante el Ministerio Público ni ante el Juzgado de Garantías; y que recién en la etapa incidental del juicio oral la propia fiscal Natalia Cacavelos, quien asumió en la causa recién para dicha etapa, resolvió retirar la acusación y solicitar su sobreseimiento definitivo, debido a la falta de pruebas.
Privación de libertad fue por error judicial
En la sentencia contra el Estado la jueza Rossana Frutos Olguín resalta que el demandante demostró que fue privado de su libertad de manera injusta, puesto que finalmente el Ministerio Publico requirió su sobreseimiento definitivo, retirando su acusación, ante la falta de elementos que lo sostengan, hecho que fue admitido por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Víctor Alfieri (presidente), María Luz Martínez y Darío Báez.
La magistrada agregó que la privación de libertad fue decretada preventivamente en el marco de una investigación penal, sin embargo el levantamiento de las medidas cautelares y especialmente de la privación de libertad dispuesta en ocasión del sobreseimiento definitivo, no refiere que dicha actuación procesal pueda ser considerada ilegítima.
Argumento para la indemnización por daños y perjuicios
Empero la jueza Rossana Frutos remarca que, en vistas a los resultados que surgieron de la resolución judicial -absolución- presupone un error judicial cuyas consecuencias dañosas no pueden quedar sin respuesta.
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“El señor Marcelo Manuel Romero ha sido privado de su libertad erróneamente durante el procedimiento penal, ergo el hecho dañoso se halla probado en el presente litigio, habiéndose demostrado que el mismo por dicha situación ha sufrido pérdidas en su caudal económico”, resaltó la magistrada en parte de su sentencia.