Esta tarde provocó un largo debate el proyecto “que modifica el artículo 189 de la Ley Nº 1680/2001, ‘Código de la Niñez y la Adolescencia’” a fin de que el mismo día que el hijo o hija cumpla 18 años, el padre quede eximido automáticamente de la obligación de pago de pensión alimentaria sin necesidad de trámite judicial alguno.
Tras ser sometido a audiencia pública, las representantes de la Corte Suprema de Justicia habían advertido del riesgo potencial de esta ley, especialmente en casos particulares, donde los hijos se vean obligados a seguir dependiendo de la ayuda económica del padre, como por motivos de enfermedad crónica o alguna discapacidad.
Los proyectistas, diputados aliados cartistas Jatar “Oso” Fernández y Hugo Meza (ANR, B) defendieron la iniciativa alegando que esos casos son excepciones a las reglas y que estarían contemplados en otros aspectos de la ley.
La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) por su parte fundamentó el dictamen por el rechazo, recordando todas las críticas y advertencias hechas contra este proyecto durante la audiencia pública realizada la semana pasada.
Se sumaron a ella los diputados opositores Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente), que incluso apelaron al supuesto perfil “provida y profamilia” que dicen defender los cartistas, quienes ni se dieron por aludidos.
“El discurso provida y profamilia que meten como un monstruo en las elecciones se desnuda con esta propuesta, ¿pro vida de qué? De los que tenemos familia tradicional como tengo y la suerte de tener yo. ¿Provida y profamilia de quienes?, cuando hay una cantidad de padres irresponsables metidos en el Registro de Deudores Alimentarios", dijo Ortega apelando a la postergación.
La mayoría cartista se empecinó en defender el proyecto a través de los diputados Yamil Esgaib, Santiago Benítez (ambos ANR, HC) e incluso Édgar Olmedo (ANR, B).
Al perder en la votación para la postergación, Ortega planteó a los opositores dejar sin quórum para evitar la aprobación de este proyecto que consideró retrógrado en cuanto a derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Benítez la apoyó en su momento, leyendo textualmente el dictamen remitido por la Corte que alertó que con este proyecto “se pueden crear situaciones delicadas y graves, como por ejemplo si el niño, niña o adolescente padece de un cuadro de salud el cual conlleve un tratamiento prolongado; y en el caso de dar curso favorable al proyecto de ley planteado, cesaría ese alimento en forma automática, no siendo bajo ningún concepto el espíritu que debería reinar entre las partes"
El parecer jurídico enfatiza que “el acceso a la salud por parte del niño, niña o adolescente se vería claramente coartado por el alcance del proyecto propuesto”.
La propuesta de modificación señala respecto a la pensión alimentaria que “dicha obligación decaerá de pleno derecho el día que el alimentado cumpla la mayoría de edad, inclusive sin mediar resolución judicial de por medio, cesando todas las medidas impuestas contra el alimentante,con excepción de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos".