La crisis financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) abrió este martes un intenso debate en el Senado, donde finalmente la Comisión de Hacienda y Presupuesto resolvió recomendar al pleno el rechazo de dos proyectos de ley que buscaban otorgar herramientas extraordinarias a la previsional.
Por un lado, el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Diputados, que declaraba la emergencia institucional, y otro presentado por el senador Juan Afara (ANR, disidente) y otros legisladores, que incluía la posibilidad de emitir bonos para obtener recursos y cubrir la deuda de la previsional.
La decisión se tomó luego de la exposición del presidente del IPS, Isaías Fretes, quien admitió que la institución atraviesa “el peor de sus momentos en la historia”, pero sostuvo que la solución no pasa por una habilitación de compras sin controles ni por una salida coyuntural, sino por una reestructuración financiera.
Fretes: “Nos dan una ametralladora, pero sin balas”
Durante la audiencia, Fretes explicó que una declaración de emergencia sin recursos económicos no resolvería la situación inmediata del IPS.
“En esencia, la ley de emergencia sin financiamiento no nos sirve. Nos dan ustedes una ametralladora, pero sin balas”, afirmó el titular del IPS.
El presidente de la previsional sostuvo que la institución necesita dos componentes: resolver la urgencia del abastecimiento de medicamentos y, al mismo tiempo, modificar la estructura financiera para garantizar su funcionamiento a mediano y largo plazo.
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Explicó que, mediante una reingeniería financiera ya lograron asegurar recursos para la compra de medicamentos aproximadamente hasta febrero, pero advirtió que esa medida solamente permite ganar tiempo.
“Eso va a solucionar el problema de momento. Lo que esta institución necesita es una reestructuración financiera de modo tal a prolongarlo en el tiempo”, indicó.
Fretes destacó además que el IPS logró avanzar en acuerdos con la industria farmacéutica y que, mediante ese trabajo conjunto, esperan completar la reposición de medicamentos en un corto plazo.
Contrataciones Públicas advierte riesgos de una emergencia
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto de emergencia, presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) vino del director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, quien sostuvo que la propuesta era innecesaria y que podía abrir la puerta a compras fuera de los mecanismos habituales de control.
Encina explicó que la actual Ley 7021 de Contrataciones Públicas ya contempla procedimientos excepcionales para situaciones urgentes, incluyendo mecanismos que permiten acelerar compras cuando existe una debida justificación.
El funcionario cuestionó que el proyecto planteara compras directas fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sin límites de monto y por un período extendido.
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“Estamos hablando de fuera de las contrataciones convencionales, sin control de la DNCP y sin siquiera publicar en el portal más importante que tiene la República del Paraguay”, señaló.
Encina remarcó que ni siquiera durante la pandemia se dejó de lado el sistema de control de Contrataciones Públicas. “Ni en época de pandemia se saltó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, afirmó.
Según explicó, el IPS ya cuenta con herramientas como los procedimientos por excepción, la subasta a la baja, los convenios marco y otros mecanismos especiales previstos en la normativa vigente.
Fretes: “Necesito ese mecanismo de protección”
El titular del IPS coincidió con Encina y afirmó que contar con controles también representa una protección para las autoridades que administran la institución. “Yo debo cuidar mi imagen y necesito de ese mecanismo de control”, expresó Fretes.
Agregó que una falta de controles puede generar consecuencias para cualquier funcionario que ocupe el cargo. Indicó que no quiere terminar pagando las consecuencias con sus bienes patrimoniales, aunque dijo ser honesto.
Fretes insistió en que la institución debe avanzar con transparencia y que las auditorías permitirán determinar responsabilidades sobre hechos denunciados.
Señaló que actualmente existen 34 procesos de auditoría en curso y que los casos serán remitidos a las instancias correspondientes una vez concluidos los procedimientos, como la Fiscalía, pero que quieren ser serios en reunir las pruebas.
El proyecto de bonos de Afara también quedó sin respaldo
El segundo punto de discusión fue el proyecto impulsado por el senador Juan Afara, que planteaba una emisión de bonos por US$ 300 millones para fortalecer las finanzas del IPS.
La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), planteó que, más allá de la discusión sobre una ley de emergencia, el problema central era la falta de recursos financieros inmediatos.
“No necesitamos una ley de emergencia, no necesitamos discrecionalidad. Lo que necesitamos es dinero, contante y sonante”, sostuvo.
La legisladora preguntó al ministro de Economía si el Gobierno tenía previsto emitir los bonos planteados por Afara y cuál sería la alternativa financiera.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, respondió que actualmente el Ejecutivo no contempla una emisión de US$ 300 millones para el IPS. “Si hoy estamos previendo una emisión de 300 millones de dólares para el IPS, la respuesta es que hoy no tenemos esa opción”, afirmó.
Lovera explicó que el Gobierno está trabajando con el IPS en una estrategia de reestructuración y que cualquier asistencia adicional requerirá primero un diagnóstico financiero y una definición de alternativas.
La propuesta que gana fuerza: sustituir deuda corta por deuda larga
Ante el rechazo a los bonos y a la emergencia con facultades extraordinarias, la alternativa que concentró la discusión fue la planteada por el economista y asesor económico del IPS, Carlos Pereira: cambiar el perfil de la deuda del IPS.
Pereira explicó que actualmente la previsional tiene una fuerte presión financiera porque gran parte de sus obligaciones están concentradas en el corto plazo.
La propuesta consiste en sustituir esos compromisos inmediatos por un endeudamiento de mayor plazo, con mejores condiciones financieras, para liberar recursos destinados a medicamentos e insumos.
“Podría ser muy útil para la institución que se faculte al IPS a tomar deudas nacionales o internacionales de manera a tener la posibilidad cierta de poder tomar un endeudamiento de largo plazo para sustituir este cortoplacismo que hoy está comprometiendo los flujos de efectivo del fondo de enfermedad y maternidad”, explicó.
El técnico señaló que el objetivo no es aumentar la deuda, sino cambiar su estructura. La estrategia contempla trasladar compromisos de corto plazo hacia un esquema de aproximadamente 10 años, permitiendo que el IPS tenga mayor capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones.
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Pereira también planteó que la solución debe ir acompañada de una transformación en los procesos internos del IPS, con controles desde el inicio de las compras y no solamente después de ejecutadas.
Explicó que se debe incorporar la certificación de disponibilidad presupuestaria antes de emitir órdenes de compra y fortalecer las auditorías internas.
El presidente del IPS sostuvo que esta alternativa permitiría a la institución recuperar capacidad operativa sin afectar los fondos jubilatorios ni trasladar una carga adicional al Estado.
Comisión de Hacienda recomienda rechazar ambos proyectos
Tras escuchar las posiciones de las autoridades y técnicos, el senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) planteó que el camino era rechazar tanto el proyecto de emergencia como la emisión de bonos.
Sostuvo que el planteamiento de Pereira sobre la reestructuración de la deuda era una alternativa más razonable. “No ha prosperado ni va a prosperar la emisión de bonos y quedó claro que la crisis tiene su génesis en el IPS y la crisis la tiene que solucionar”, afirmó.
Varios senadores como Ignacio Iramain (Independiente) y Lizarella Valiente (ANR, HC) pidieron que el Estado se dedique a pagar la deuda que tiene con el IPS. Sin embargo, el planteamiento no fue tenido en cuenta como una prioridad para saldar parte de la deuda de la previsional.
Finalmente, el líder de la bancada cartista, el senador Natalicio Chase, propuso a los integrantes de la Comisión de Hacienda recomendar el rechazo de ambos proyectos, postura que fue acompañada por la mayoría.