Apesar de haber vencido el plazo legal establecido y de haber recurrido a una solicitud de prórroga para ganar tiempo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), encabezado por el ministro Gustavo Villate, mantiene un llamativo e injustificado silencio frente al requerimiento de la Cámara de Senadores.
El pasado 5 de agosto, la Cámara Alta había aprobado un detallado pedido de informes promovido por el senador Rafael Filizzola para transparentar el origen y la ejecución de fondos destinados a anuncios publicitarios digitales, influencers, eventos y propaganda oficial, bajo manejo discrecional del ente y al margen de la Ley de Contrataciones Públicas.
El requerimiento parlamentario apunta a desmantelar la opaca estructura de convenios y triangulaciones ejecutadas a través de Itaipú Binacional, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Detalles del pedido
A través del pedido, el órgano legislativo busca acceder a la totalidad de contratos, órdenes de pago, briefs de campaña y métricas de redes sociales.
Incluso, incluyeron en la solicitud listas de personas involucradas en la operativa interna, comunicaciones, resoluciones, copias de correos electrónicos, hasta lista de influenciadores o “influencers” que colaboraron en campañas de la institución.
El plazo inicial para responder venció el pasado 27 de agosto y, según la normativa, la solicitud de prórroga otorga otros diez días hábiles para que puedan responder.
Este pedido es el cuarto realizado desde el Congreso, principalmente en respuesta a las omisiones dadas en peticiones previas.
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Senado espera respuesta
Consultado sobre el estado del trámite y el vencimiento de los plazos, el senador Rafael Filizzola confirmó que la cartera estatal no remitió las documentaciones en la fecha original y optó por solicitar una prórroga.
Según explicó el legislador, la institución utiliza el circuito burocrático de notificación para dilatar la entrega. “Pidieron prórroga. Estimamos que la semana que viene vence el plazo”, señaló Filizzola al precisar que el cómputo de diez días hábiles adicionales corre desde que se concreta la notificación, un proceso que requiere firmas de la presidencia y la secretaría del Senado.
El senador criticó esta táctica dilatoria del Ejecutivo y advirtió que el mecanismo busca ganar tiempo ante la gravedad de los hallazgos que comprometen al ministerio.
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“A veces ganan tiempo así”, lamentó Filizzola, al remarcar que la falta de respuestas claras sobre la utilización de recursos de las binacionales acrecienta las sospechas del uso desviado del erario público para financiar los ataques contra la prensa y críticos al gobierno de Santiago Peña.