Los referentes de Honor Colorado, con el presidente Santiago Peña a la cabeza, sostuvieron una férrea defensa pública del entonces senador Hernán Rivas durante la controversia por su cuestionado título de abogado. El escándalo terminó con una condena de ocho años de prisión para el exlegislador cartista, tras comprobarse judicialmente la falsedad de sus documentos.
A lo largo de la controversia, la bancada cartista buscó desmarcar el caso del ámbito político, relativizar los cuestionamientos y atribuir parte de las críticas a supuestos ataques provenientes de sectores de la prensa. La postura se mantuvo mientras avanzaban las investigaciones sobre la documentación presentada por Rivas.
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El propio Peña reafirmó en varias entrevistas su cercanía con el senador, a quien definió como un “compañero” y “un gran amigo” que lo acompañaba desde su primera postulación presidencial, en 2017. Consultado sobre el impacto del caso en su gestión, el mandatario sostuvo que la situación no le generaba “ni un poco” de vergüenza y adelantó que no aplicaría sanciones políticas contra Rivas.
Del “escándalo selectivo” al ámbito judicial
Uno de los argumentos utilizados por Peña y otros referentes oficialistas fue que los cuestionamientos contra Rivas respondían a un supuesto “escándalo selectivo” impulsado por determinados medios de comunicación. El mandatario reclamó en reiteradas ocasiones que se aplicara la “misma vara” a legisladores colorados y opositores.
Al mismo tiempo, Peña insistió en que la discusión sobre la validez del título correspondía exclusivamente al ámbito judicial y no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Bajo esa postura, pidió “que la justicia haga su trabajo” y destacó que Rivas se había apartado temporalmente de algunas funciones para enfrentar sus problemas legales.
Con el avance de las investigaciones, el discurso oficialista también comenzó a trasladar el foco hacia el problema de los títulos falsos y las carreras no acreditadas. Desde el Ejecutivo se apuntó a los organismos encargados del control educativo y se instó a la ciudadanía a verificar la acreditación de las instituciones antes de iniciar una carrera.
La condena y el impacto institucional
La condena de ocho años de prisión dictada por un Tribunal de Sentencia marcó un giro frente a la defensa política que había acompañado a Rivas durante la controversia. Los magistrados consideraron que la conducta investigada no constituyó una falta menor, debido a las consecuencias institucionales derivadas del uso de documentación falsa.
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El caso adquirió especial gravedad por el papel que Rivas llegó a desempeñar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que incluso llegó a presidir. Desde esa posición participó en procesos que involucraban a jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país.