El diputado Raúl Benítez (Independiente), uno de los que impulsó desde un inicio las denuncias contra el exlegislador cartista y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ahora condenado por título falso de abogado, Hernán David Rivas, pretende que la Cámara de Diputados inste a la Corte a que anule de una vez por todas su matrícula de abogado.
El mismo dio entrada en la fecha al proyecto de resolución “que insta a la Corte Suprema de Justicia a cancelar de forma definitiva la matrícula profesional del señor Hernán David Rivas Román”, y también retó al presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez a animarse a pronunciarse en el mismo sentido.
“El Congreso Nacional tiene que solicitar la cancelación de la matrícula de Hernán Rivas. El presidente Basilio Núñez tiene que sacar un comunicado o enviar una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando la cancelación de la matrícula de Hernán Rivas y me parece que el Congreso Nacional, en nombre del presidente, debe pedir disculpas públicas, a los verdaderos estafados: La ciudadanía”, dijo Benítez.
Esto, haciendo énfasis en desacreditar el discurso de los cartistas, que ahora alegan haber sido “estafados” por un “estudiante fantasma”, tratando de negar su complicidad con Rivas, al que llevaron hasta en tres ocasiones al JEM.
“Yo no creo en la ingenuidad porque encima no solo le votaron una, le votaron dos y tres veces y después fue presidente del JEM, y encima después de todo eso lo protegieron y le expulsaron a una senadora para tratar de aleccionar que se metió con la persona equivocada cuando se pidió la pérdida de investidura de Hernán Rivas”, remarcó Benítez.
El diputado hizo referencia a la expulsión de la exsenadora y su compañera de equipo, Kattya González, cuyas denuncias contra Rivas habrían sido el verdadero detonante de su expulsión del Senado en 2024.
Benítez también remarcó que, de alguna manera, el cartismo tiene que hacerse cargo de las consecuencias políticas de haber impuesto a Rivas, cuya condena ante la justicia “no se puede traducir en la absolución política del grupo cartista que lo protegió”, sobre todo, porque aún falta venir la catástrofe jurídica que generaron.
“Se vienen demandas al Estado que, si salen en contra lo va a pagar la gente. Es ahí donde se refuerza esto de que la ciudadanía fue la estafada. Entonces, acá ocurrió algo grave. Acá no puede haber una absolución política. Acá tiene que haber un costo político. Asúmanlo, pónganse los pantalones, porque se pusieron los pantalones para hacer todo lo que hicieron en complicidad con Rivas”.
La Cámara de Diputados ya había aprobado una resolución en similar tenor en abril pasado, en dicha ocasión planteada por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), pero que no tuvo consecuencias efectivas.