La retención de haberes se convirtió en una constante medida de represalia política en diversas municipalidades del país. Los jefes comunales aprovechan el control del flujo financiero de las municipalidades para asfixiar económicamente a los ediles que ejercen el rol de fiscalización o solicitan intervenciones por presuntas irregularidades.
A esta situación se suma la falta de respuestas institucionales: las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público han sido sistemáticamente ignoradas, según afirman los propios concejales afectados.
¿Cuáles son los distritos afectados y cómo surgió el conflicto en Nanawa?
Casos puntuales se dieron o se siguen dando en Nanawa (Presidente Hayes); Ybycuí (Paraguarí); Zanja Pytã (Amambay); en Quyquyhó (Paraguarí) y en Sapucai entre muchos otros.
El Congreso debatió crear una ley para impedir este tipo de casos, pero no hubo avance.
Uno de los casos más críticos se registra en Nanawa, municipio del departamento de Presidente Hayes. En dicho distrito, los ediles denunciaron de forma reiterada que el intendente saliente, Claudio Samaniego —señalado como protegido del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, oficialista)—, oculta datos públicos sobre la ejecución del gasto municipal desde hace años.
En respuesta a los pedidos de rendición de cuentas, la administración municipal congeló las dietas del pleno. A pesar de la gravedad de las acusaciones por falta de transparencia, la Cámara de Diputados actuó como blindaje político e impidió cualquier tipo de sanción o intervención en la gestión comunal.
¿Cuánto dinero se adeuda a los concejales y qué acciones legales se anuncian?
En el caso específico de Nanawa, la deuda acumulada con los ediles salientes supera los G. 679 millones. Ante el fin del periodo municipal y la falta de soluciones por la vía administrativa, los concejales preparan acciones judiciales y querellas formales para exigir el cobro de sus haberes devengados.
Detalle de la deuda con los concejales salientes de Nanawa:
- Cristian Benítez (ANR): G. 77.415.000
- Sunilda Giménez (ANR): G. 67.607.000
- Dario Lazaga (ANR): G. 33.053.500
- Juan Adolfo Otazú (ANR): G. 64.367.500
- Fernando Verón (ANR): G. 77.415.000
- Gustavo Núñez (Alianza): G. 51.320.000
- Antonio Silva (ANR): G. 40.882.000
- Crescencio Enciso (ANR): G. 74.805.000
- Griselda Acosta (ANR): G. 61.758.000
- Prisciliano Lezcano (ANR): G. 19.999.000
- Patricia Rodríguez (ANR): G. 48.710.500
- Carolina Morel (ANR): G. 61.758.000
- Total adeudado: G. 679.090.500
Anuncia querella a la comuna
El concejal Gustavo Núñez (Alianza) dijo que intendente saliente se niega a pagarles y que sus denuncias duermen en la Fiscalía, la Contraloría General de la República y en el Congreso. Dijo que por ello prepara una querella contra la comuna.
Señaló que hablaron con el intendente entrante sobre la situación, Carlos García (ANR, HC), pero dijo que no tiene garantías que vayan a regular la situación.
Nómina de concejales entrantes que asumirán en la Junta Municipal:
- Sandra Elizabeth Ortiz Achucarro (ANR)
- Rufino Antonio Carrera Cáceres (ANR)
- Armando Ismael Benítez Cabral (ANR)
- Francisco Verón Vallejos (ANR)
- Carlos Ramón Ramírez Galeano (ANR)
- Víctor Hugo Cantero Riveros (PLRA)
- Máximo Andrés Benítez Insfrán (ANR)
- Sergio Andrés Cristaldo Quiñónez (ANR)
- Luis Miguel Enciso Gómez (ANR)
Intendente entrante: Carlos García (ANR)