El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, está bajo la lupa de la Contraloría General de la República (CGR) por inconsistencias detectadas en su declaración jurada de bienes y rentas (DJBR). El ente de control reveló depósitos en efectivo sin respaldo en sus cuentas bancarias e incluso transferencias periódicas desde cuentas de la petrolera estatal hacia su cuenta en el Banco Basa.
Además, el titular de Petropar presentó un nivel de gastos que supera ampliamente sus ingresos formales, según la Contraloría. El organismo también señaló que Jara otorgó un “crédito” millonario a Edith Marilin Ayala de Macchi, propietaria de una transportadora contratada en 2017, que fue registrado en su DJBR como “cuentas a cobrar”, por el cual habría percibido importantes sumas de acuerdo con los datos de la CGR.
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Lo que señaló el titular de la DNIT sobre el caso
ABC Color consultó al titular de la Dirección Nacional de Ingresos (DNIT), Óscar Orué, sobre si la institución inició una investigación para determinar posible evasión de impuestos en el caso de Eddie Jara. Orué indicó que la DNIT aún no abrió un proceso propio, pero que remitió toda la documentación requerida a la CGR.
“En principio, se trata de un caso de administración de recursos, que es de control, competencia Constitucional de la Contraloría. Hemos remitido toda la documentación solicitada y ellos están investigando ese caso. Si en ese proceso se observa que hay una posible evasión de impuestos, porque si hay enriquecimiento ilícito, yo no se le puede hacer pagar impuestos por ese enriquecimiento ilícito, porque ahí sería blanquear ese dinero”, explicó Orué.
El titular de la DNIT resaltó que, desde ese punto de vista, su institución no interviene directamente. “Nosotros estamos concentrados en que pague correctamente sus impuestos. Recuerdo casos anteriores en los que también hubo enriquecimiento ilícito y nosotros determinamos si había o no pago de impuestos. No sé si este es el caso, tenemos que analizarlo, pero el sistema está disponible para verificar estos casos”, concluyó.
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Brecha patrimonial millonaria
Lo cierto es que la Contraloría identificó que las utilidades registradas por Jara en sus formularios impositivos no coinciden con el capital declarado en su declaración jurada de septiembre de 2023. Uno de los hallazgos más llamativos surge del contraste entre los datos de los formularios del período 2018-2023 y las operaciones registrales de compra y venta de un inmueble en San Bernardino.
Según el organismo, Jara obtuvo una utilidad acumulada aproximada de G. 312.880.663 en ese periodo, monto significativamente inferior al capital declarado en su DJBR del 3 de septiembre de 2023, que incluye efectivo por G. 250.000.000 y cuentas a cobrar por G. 3.500.000.000, sumando un total de G. 3.750.000.000.
De esta forma, se configura una brecha patrimonial de G. 3.437.119.337, equivalente a aproximadamente doce veces la utilidad acumulada registrada. La Contraloría advierte que el origen de esta diferencia aún debe determinarse.